Este jueves 27 abril el parlamento venezolano aprobó una ley que busca confiscar bienes vinculados con corrupción administrativa y otros delitos como el narcotráfico.

La Ley fue aprobada por “unanimidad” por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo gobernante, en un momento en el que operativos especiales anticorrupción en empresas estatales, con epicentro en la petrolera PDVSA, han dejado al menos 61 detenidos desde marzo.

Este proyecto es similar a una ley modelo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea declarar “sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna” la “titularidad a favor del Estado” de bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
“El derecho a la defensa no se le va a negar a nadie, pero tenga la seguridad, usted, señor corrupto, usted, señor terrorista o narcotraficante, que tenga bienes mal habidos, que esos bienes pasarán a manos del pueblo de Venezuela”, afirmó el dirigente chavista Diosdado Cabello .

Ahora, la ley debe ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y después ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro.

Las operaciones contra la corrupción en medio del cuales se discutió esta iniciativa legal han derivado en al menos 61 arrestos y 172 allanamientos desde finales de marzo, según la Fiscalía.