Montería. Los concejales de la capital cordobesa no salen de una cuando ya están metidos en otro embrollo.

 Hace un par de semanas recibieron una buena noticia por parte de la Procuraduría General, que le solicitó al Consejo de Estado mantener sus investiduras en una demanda electoral que analiza ese tribunal.

Pues bien, la felicidad les duró muy poco, porque en las últimas horas el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería admitió la demanda de nulidad contra un proyecto aprobado por los 19 cabildantes. 

Para el demandante, el exconcejal Devier Acosta Pimienta, los actuales concejales no pueden apartarse de cumplir con sus obligaciones en el Cabildo y eso es lo que hacen otorgando facultades por todo su período de 4 años, lo que prácticamente no les permitirá ejercer un verdadero control a las acciones que se tomen desde el Ejecutivo. 

El caso está relacionado con el otorgamiento de facultades, prácticamente cediendo las funciones para las cuales fueron elegidos. 

El caso apenas inicia, ahora los concejales y otros actores incluidos en el proceso deberán presentar sus argumentos de defensa para demostrar que actuaron conforme a la ley, para ponerle punto final al tema. 

Una de las expectativas se centra en la suerte que podrían correr un sinnúmero de proyectos aprobados por el Concejo.