29 de marzo de 2024
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Un año quedándoles mal sin pagarles lo que les deben

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23 de mar. de 2023

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Redacción. Un largo año han tenido que esperar los profesionales de la salud, entre enfermeros y sicólogos, que prestaron sus servicios en el marco del convenio para brindar apoyo a la atención integral para la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la mitigación de factores de riesgo que afectan a los adultos mayores en los centros de vida del departamento, firmado entre la Gobernación de Sucre y la Fundación Social Creciendo, con sede en la ciudad de Valledupar (Cesar).

Estas personas, alrededor de 40 en total, quienes protestaron en octubre pasado frente a la sede de la Gobernación exigiendo el pago del contrato, aducen que 5 meses después de esa manifestación no les han solucionado nada y, por el contrario, perdieron contacto con los representantes de la Fundación, encargada de cancelarles la deuda.

Testimonio
Una de las afectadas, que pidió reserva de su identidad, se comunicó con El Meridiano y adujo, mostrando su contrato, que le pagaron solo dos meses, y que ahora no les contestan el teléfono. La última respuesta fue que hay que esperar a que supuestamente les pague la Gobernación de Sucre a la Fundación para luego hacerlo con ellos.

Los contratos se desarrollaron entre el 19 de enero y el 19 de abril de 2022, de los cuales solo les fueron cancelados dos meses a los trabajadores, aun cuando estos cumplieron a cabalidad con la atención a los adultos mayores beneficiarios del convenio.

El Meridiano intentó comunicarse con el contacto que la fundación tiene en su página de Facebook, pero no respondieron los requerimientos. La página web oficial que figura en esa plataforma igualmente está desactivada.

El convenio –firmado entre la Secretaría de Inclusión Social de la Gobernación de Sucre y la fundación en mención-- nació para beneficiar al menos 3 mil 200 adultos mayores en los municipios de Guaranda, Majagual, San Marcos, San Benito de Abad, Sincé, Betulia, Coveñas, San Onofre, Toluviejo y San Pedro, por un valor de 3 mil 500 millones de pesos.

También esperan
Estas personas afectadas instauraron una queja en la Contraloría General de la Nación, pero hasta el momento no saben cómo avanza la investigación y tampoco ha habido sanciones por este incumplimiento.

Aspectos de la protesta que desarrollaron en octubre pasado los afectados frente a la Gobernación de Sucre.