Víctimas del conflicto: del reconocimiento a la reparación

Según cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas, al cierre del actual Gobierno, el Registro Único de Víctimas (RUV) superó los 10,2 millones de personas inscritas. De ellas, 7,3 millones cumplen los requisitos para acceder a las medidas de reparación previstas en la ley.

El balance del actual periodo legislativo demuestra que Colombia ha avanzado en el reconocimiento de las víctimas del conflicto armado; sin embargo, la reparación integral continúa siendo la principal deuda del Estado con quienes han sufrido las consecuencias de la violencia. Según cifras oficiales de la Unidad para las Víctimas, al cierre del actual Gobierno, el Registro Único de Víctimas (RUV) superó los 10,2 millones de personas inscritas. De ellas, 7,3 millones cumplen los requisitos para acceder a las medidas de reparación previstas en la ley. El crecimiento del Registro Único de Víctimas obedece a dos fenómenos: (i) la persistencia de la violencia en diversas regiones del país, donde grupos armados ilegales se disputan el control territorial, las economías ilícitas y las rutas del narcotráfico; y (ii) la entrada en vigencia de la Ley 2421 de 2024, de mi coautoría, que amplió el plazo para rendir declaración como víctima del conflicto armado. Como resultado, quienes no habían declarado por miedo, aislamiento territorial o ausencia de oferta institucional, lograron acceder al RUV. Sin embargo, hoy las víctimas continúan esperando que la reparación se traduzca en indemnizaciones, restitución de tierras, atención psicosocial, ayudas humanitarias y demás medidas que les permitan reconstruir sus proyectos de vida. A este rezago se suma el reporte de nuevos hechos victimizantes. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y abril de 2026 se registraron 46 eventos de desplazamiento forzado, que afectaron a 8.249 personas, y 31 eventos de confinamiento, con impacto sobre 45.869 personas. El desplazamiento forzado aumentó un 318,3 % frente al mismo periodo de 2024. La discusión sobre la política pública de víctimas no puede limitarse a ampliar el RUV. El país necesita que la reparación avance con metas claras, financiación suficiente y priorización territorial. Con ese propósito, en el periodo legislativo que inicia el próximo 20 de julio presentaremos el Proyecto de Ley de Reparación Integral Efectiva y Cierre Progresivo del Registro Único de Víctimas, construido junto con organizaciones de víctimas y diferentes sectores del Congreso de la República. Esta iniciativa parte de una convicción clara: la reparación no puede seguir siendo una promesa indefinida. Por ello, propondré establecer metas verificables, fortalecer las fuentes de financiación y acelerar la capacidad de respuesta del Estado, especialmente en los municipios más afectados por el conflicto armado. La necesidad de acelerar la reparación resulta incluso más evidente en territorios como los Montes de María, donde miles de familias han sido víctimas de desplazamiento forzado, despojo de tierras y múltiples violaciones a los derechos humanos. La reparación debe concretarse con presencia institucional, inversión social y garantías para reconstruir una vida digna. Reconocer a las víctimas es una obligación del Estado; reparar integralmente sus derechos es el compromiso que aún está pendiente. La verdadera medida del éxito de la política de víctimas no será el número de personas inscritas en el RUV, sino la capacidad del Estado para garantizar que cada una de ellas encuentre justicia, reparación integral y garantías de no repetición.