Taxis vs Plataformas: momento del balanceo y alineación normativa

El conflicto entre taxistas y plataformas de transporte en Colombia exige una solución. El Estado debe intervenir para equilibrar la competencia y proteger a los involucrados, según expertos.

Por María Eugenia Vides Argel Corregir normativamente el desequilibrio en el entorno competitivo del servicio de transporte (balanceo), evitar la desprotección de un sector, el ruido de la protesta y el impacto del choque (alineación), es la principal salida para superar la problemática entre el gremio de taxistas y las aplicaciones que conectan al usuario con la oferta de transporte. Esta contienda que ya se aproxima a una década, representa un desafío para el derecho y de forma concreta para el Estado Colombiano, a quien por mandato del artículo 333 de la Constitución Política, le corresponde intervenir en aras de garantizar el bien común en la actividad económica y la iniciativa privada. La más reciente protesta de taxistas a nivel nacional, parece reflejar una rutina anual que reafirma el desgate de este grupo, en una lucha sin eco en la agenda legislativa, pero que devela la obsolescencia de las normas colombianas, frente a nuevos modelos económicos que han surgido de la necesidad de generar ingresos, haciendo uso de la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación- TIC´s. El Estado no puede continuar aplazando su potestad de intervención en este juego económico, en el que debe primar el equilibrio entre los nuevos modelos de economía colaborativa representados en plataformas como Uber, Indrive o Cabify y un modelo tradicional de servicio público de transporte, agobiado por impuestos, seguros, alto costo de cupos, pagos adicionales como planillas para el desplazamiento intermunicipal y un ingreso sin base salarial estable, ya que dependen del producido diario, en un país donde la gran mayoría de taxistas no son propietarios de los vehículos. Los usuarios del servicio y quienes finalmente inclinan la balanza en uno u otro sentido, perciben que la comodidad de solicitar transporte a un clic de celular, evitar el “para allá no voy” o la insatisfacción de un vehículo en mal o estado o sin aire acondicionado, les resulta mucho más cómodo, no obstante, esta preferencia se traduce en la afectación económica para un gremio que debe asumir mayores costos para prestar el servicio y competir en una nueva dinámica de mercado, en el que no se han equilibrado las cargas. A nivel global, países como España han expedido leyes que limitan el número de vehículos de transporte privado con conductor – caso Uber-; por su parte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que plataformas como Uber, deben cumplir con las mismas regulaciones que los taxis y en Estados Unidos algunas ciudades han fijado impuestos específicos para estas plataformas. Es claro que el servicio de transporte a través de plataformas, llegó para quedarse y nuestro país no es la excepción, de allí que, el reto normativo apremia, pero también la adopción de medidas intermedias como la tecnificación y vinculación de los taxis a plataformas similares que faciliten la preferencia de los usuarios, mayor formación en servicio al cliente y cohesión gremial para incidir con iniciativas legislativas que les permita mejores condiciones para competir.