Suenan las campanas seguridad nacional, frontera en alerta y una advertencia que Colombia no puede ignorar

En momentos de alta tensión regional, la prudencia estratégica no es opción: es obligación del Estado. Los acontecimientos que sacudieron a Venezuela la madrugada del pasado sábado 3 (marcados por la anunciada captura del dictador Nicolás Maduro y el colapso del vértice del poder) imponen a Colombia una activación inmediata y total de sus dispositivos de seguridad, especialmente en la frontera. No se trata de alarmismo ni de retórica política; se trata de prevención, control y protección de la población civil frente a riesgos previsibles y documentados.

Porque él lo pidió: y le cumplieron. y ahora, quien sigue? En momentos de alta tensión regional, la prudencia estratégica no es opción: es obligación del Estado. Los acontecimientos que sacudieron a Venezuela la madrugada del pasado sábado 3 (marcados por la anunciada captura del dictador Nicolás Maduro y el colapso del vértice del poder) imponen a Colombia una activación inmediata y total de sus dispositivos de seguridad, especialmente en la frontera. No se trata de alarmismo ni de retórica política; se trata de prevención, control y protección de la población civil frente a riesgos previsibles y documentados. La historia reciente enseña que cuando un narcorégimen se desmorona, sus tentáculos no desaparecen: se desplazan. Y Colombia, por geografía y por pasado, es un destino probable de retornos armados, reacomodos criminales y disputas por corredores estratégicos. Frontera caliente: el primer anillo de defensa. La frontera colombo-venezolana no es una línea; es un espacio poroso donde convergen economías ilícitas, grupos armados y poblaciones vulnerables. En ese teatro, la Fuerza Pública debe elevar el nivel de alistamiento, reforzar inteligencia, patrullaje, control fluvial y aéreo, y coordinación interagencial. El objetivo es claro: impedir el reingreso masivo de narcoterroristas que durante años encontraron refugio, logística y protección política al otro lado. No hablamos de hipótesis. Hablamos de estructuras con nombres, rutas y finanzas: disidencias, ELN, bandas transnacionales y redes del narcotráfico que se sienten acorraladas cuando su retaguardia se descompone. El desplazamiento de estas organizaciones suele venir acompañado de extorsión, reclutamiento forzado, control social armado y violencia contra líderes comunitarios. La población fronteriza (ya por demás golpeada) no puede quedar a merced del caos. Inteligencia, control y legalidad: tríada indispensable. Activar dispositivos no significa militarizar sin norte. Significa operar con inteligencia dominante, reglas claras y respaldo jurídico. Significa anticipar, no reaccionar. El Estado debe priorizar: Inteligencia estratégica y táctica para identificar movimientos, jefaturas, rutas y finanzas. Control territorial efectivo con presencia sostenida, no episódica. Coordinación judicial para asegurar capturas, judicialización y desmantelamiento de redes. La seguridad no se improvisa ni se negocia con comunicados. Se ejecuta con profesionalismo y coherencia. El dilema del gobierno Petro. Aquí emerge la pregunta incómoda que recorre cuarteles, reservas y ciudadanía: ¿acaso Petro será el siguiente? No como amenaza personal, sino como advertencia política. Las “campanas” suenan muy fuerte cuando un gobierno acumula señales de riesgo: defensa discursiva de un régimen caído en desgracia, ambigüedad frente a grupos terroristas, crecimiento del narcotráfico, deterioro de la seguridad y debilitamiento de la Fuerza Pública. El silencio del presidente Petro frente a los hechos en Venezuela, a la fecha y hora de esta anotación, también comunica. La región observa. Los aliados evalúan. Los adversarios calculan. En seguridad hemisférica, la ambigüedad encarece costos. Colombia aún no cruza líneas irreversibles, pero camina por un filo peligroso. La “paz total”, sin verificación ni coerción legítima, ha sido interpretada por los violentos como licencia para expandirse. Y cuando el crimen percibe tolerancia, no agradece: avanza. Fuerza Pública: respaldo sin titubeos. En esta coyuntura, el respaldo político a soldados y policías debe ser explícito y sin ambages. No hay seguridad sin moral, ni moral sin respaldo. Desautorizar públicamente, relativizar la misión o confundir control legítimo con estigmatización erosiona la capacidad del Estado. La Fuerza Pública no es un actor político; es garante constitucional. Activar dispositivos implica dotación, inteligencia, mando claro y reglas de enfrentamiento acordes a la ley. Implica también protección jurídica para quien actúa conforme al deber. La población fronteriza necesita ver al Estado presente, firme y legal. Narcotráfico: el combustible del riesgo. El aumento de cultivos y producción no es un dato técnico; es un indicador estratégico. El narcotráfico financia armas, compra voluntades y captura territorios. En un contexto regional convulso, tolerarlo es invitar a la intervención indirecta: sanciones, presiones y aislamiento. La soberanía se defiende combatiendo el narco, no justificándolo. ¿Qué hacer ahora? La hoja de ruta es clara: Cerrar la frontera al crimen, no a la gente: control inteligente, corredores humanitarios y acción focalizada. Reafirmar cooperación internacional sin complejos ideológicos. Exigir resultados verificables en cualquier diálogo con armados. Blindar a la Fuerza Pública y recuperar la iniciativa. Comunicar con claridad: la ambigüedad es el peor mensaje. De todo lo anterior podemos deducir sin reparos que todo esto es más que advertencia para el gobierno colombiano. “Suenan las campanas” no como presagio fatalista, sino como llamado a la responsabilidad. Venezuela es una señal viva de lo que ocurre cuando el Estado se rinde ante el crimen y la ideología reemplaza a la legalidad. Colombia aún puede elegir. Activar hoy todos los dispositivos de seguridad es proteger vidas mañana. Ignorar la señal es apostar a que el incendio no cruce la frontera. La historia demuestra que, cuando arde al lado, el humo siempre llega.