Si por la nación llueve, por acá no escampa

El presupuesto público colombiano enfrenta desafíos por déficit fiscal y bajas ejecuciones, incluyendo recortes significativos. En Sucre, la situación es crítica, con ingresos locales en caída y un posible déficit millonario.

Por Eder Valeta López Las noticias económicas del sector público han girado últimamente alrededor del Presupuesto General de la Nación de las vigencias 2024 y 2025, cuyos comunes denominadores déficit fiscal, desfinanciamiento y bajas ejecuciones les corresponde al Gobierno y al Congreso resolver, según lo disponen el Estatuto Presupuestal y la Regla Fiscal. El presupuesto 2024 fue aprobado con ingresos exorbitantes -a pesar de las advertencias previas de la Contraloría General de la República y de muchos congresistas-, evento que finalmente forzó al gobierno en su ejecución a realizar un recorte por $20 billones con posibilidad de más tijera. Por su parte, el presupuesto 2025, que se aprobará por Decreto, sigue con las mismas características, pero con el agravante de exigir una reforma tributaria para cuadrar caja. Incertidumbre total. En la capital de Sucre, el asunto presupuestal también viene presentando problemas desde 2023, compromete 2024 y desborda 2025. En efecto, en 2023, después de diez años de resultados fiscales positivos, se liquidó un déficit fiscal en los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, por más de $12.000 millones, que extrañamente no se previó resolver en el presupuesto 2024. El pasado mes de febrero, mediante columna en este diario, advertí el riesgo que llevaba consigo el proyecto de Acuerdo Municipal de vigencias futuras para amparar el Programa de Alimentación Escolar, resaltando la insuficiencia de financiamiento del ICLD comprometido y los efectos fiscales desastrosos que provocaría la iniciativa. Sugerí revisarlo, pero fue aprobado sin discusión. Terminado el mes de agosto, la información oficial de ejecución presupuestal indica que los ICLD presupuestados para 2024 en $ 188.868.859.849 registran un recaudo de apenas $74.908.905.232, o sea el 39.6%% del total esperado, cuando el año ha avanzado en un 67% y el impuesto predial, que pesa el 50% del total de los ICLD, sólo reporta una ejecución del 28%. ¡¡¡Gravísimo!!! La baja ejecución de ingresos, la no inclusión del déficit fiscal 2023 y otros pasivos latentes estarían incubando al finalizar 2024 un déficit fiscal superior a $70 mil millones, que causará problemas de caja inclusive para atender la nómina, evento contrario a lo descrito en columnas recientes por un ex Secretario de Hacienda que predican bonanza en las finanzas del municipio por el solo hecho de adoptarse el catastro multipropósito. ¡No hay platica! A diferencia del gobierno nacional, el local va volando con el gasto y su ejecución dobla exactamente al ingreso (78%-39%) lo que permite proyectar un déficit fiscal monstruoso al finalizar el cuatrienio si en adelante no se actúa sensatamente. Les corresponde a los órganos de control y al promotor del Acuerdo de Restructuración de Pasivos poner freno a este disparate para evitar un colapso fiscal local.