Renovables con sabor a Caribe: ¿estamos listos para el nuevo ciclo energético?

El Caribe colombiano, con gran potencial solar y eólico, se rezaga en energías renovables. A pesar de las promesas, la transición energética es lenta por falta de infraestructura y conflictos sociales.

Por Lorys Ruiz Garcés "El sol y el viento que soplan sobre el Caribe podrían ser la mayor riqueza energética del país, pero aún no despegan." Lorys Ruiz Garcés Pocas regiones del mundo gozan de condiciones climáticas tan privilegiadas como el Caribe colombiano. La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en su Atlas del Potencial Energético de Fuentes No Convencionales en Colombia: Energía Solar y Eólica, resalta la irradiación solar promedio de 5,5 kWh/m²/día y velocidades de viento que superan los 9 m/s en zonas como La Guajira [1] , el potencial para el desarrollo de energías renovables es innegable. Sin embargo, el avance de esta transición energética justa —tan necesaria como urgente— sigue siendo más una promesa que una realidad para los habitantes de Sucre, Córdoba, Bolívar y demás departamentos de nuestra costa. Según el informe reciente de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) [2] , América del Sur aumentó en un 7,8 % su capacidad instalada de energías renovables en 2024. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por Brasil, Chile y Argentina. Colombia, a pesar de tener metas ambiciosas en sus planes de expansión, se ha quedado rezagada en la ejecución de proyectos, especialmente en el Caribe, donde paradójicamente se concentra el mayor recurso natural para este tipo de energías. Desde la perspectiva regulatoria, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha adoptado medidas para facilitar la conexión de proyectos renovables al Sistema Interconectado Nacional (SIN), incluyendo nuevas normas sobre garantías en casos de superposición y priorización de solicitudes de conexión. No obstante, en la práctica, los promotores de proyectos enfrentan cuellos de botella debido a la falta de infraestructura de transmisión, demoras en procesos de licenciamiento ambiental, conflictos sociales no anticipados, y lentitud en la articulación con autoridades locales. En el Caribe, estos desafíos se agravan por la desconexión entre la planeación energética centralizada y las realidades locales. Los territorios carecen de capacidad institucional y técnica para acompañar o negociar de manera equitativa con los promotores privados. Las comunidades, a menudo excluidas de los beneficios laborales directos, perciben los proyectos como imposiciones foráneas más que como oportunidades compartidas. Esta percepción —no abordada adecuadamente— ha derivado en bloqueos, tensiones y pérdida de confianza social. A pesar de que el Caribe colombiano recibe aproximadamente el 60 % del recurso solar disponible del país, solo el 1 % de la capacidad instalada de generación solar en Colombia se encuentra ubicada en esta región, según datos del Plan de Expansión de Generación y Transmisión de la UPME [3] . Esta paradoja energética revela un desfase profundo entre el potencial técnico del territorio y la realidad de su desarrollo. Mientras los estudios destacan al Caribe como epicentro natural de la energía solar, la infraestructura instalada no refleja esa riqueza, lo que pone en entredicho la efectividad de la planificación y limita la generación de empleo local en el sector renovable. Este desequilibrio compromete la sostenibilidad social y técnica de la transición energética justa que tanto se promueve desde el discurso central. Como ingeniera y joven sucreña, considero imperativo que la transición energética en la región no se limite a la instalación de paneles y aerogeneradores. Se requiere una política pública integral que articule a los entes territoriales, promueva la formación técnica especializada en los jóvenes de la costa Caribe y garantice una redistribución equitativa de los beneficios derivados de los proyectos. La regulación debe transitar del enfoque exclusivo en la eficiencia económica hacia una visión sistémica donde la justicia territorial y la inclusión comunitaria sean ejes del modelo energético. El Decreto 500 de 2022 ya hablaba de una “transición con equidad”, pero aún falta llevar esa consigna al terreno operativo y medible, con incentivos claros para quienes invierten en comunidades locales y esquemas diferenciados por región. El Caribe no puede ser solo la postal de la energía renovable. Debe ser protagonista del nuevo ciclo energético, con empleos dignos, inversión local y reglas claras. Porque el verdadero desarrollo no se mide solo en megavatios instalados, sino en bienestar compartido y en territorios preparados para liderar su propio destino energético. [1] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Atlas del Potencial Energético de Fuentes No Convencionales en Colombia: Energía Solar y Eólica, 2015. [2] https://forbescentroamerica.com/2025/03/26/latinoamerica-y-el-caribe-la-region-que-menos-incremento-el-uso-de-renovables-en-2024 [3] Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Plan de Expansión de Referencia Generación–Transmisión 2020-2034, página 80.