Queremos inversión pero no inversionistas

Hay una frase que se repite en todos los escenarios posibles. La dicen presidentes, alcaldes, gobernadores, empresarios y candidatos: Colombia necesita más inversión privada.

Hay una frase que se repite en todos los escenarios posibles. La dicen presidentes, alcaldes, gobernadores, empresarios y candidatos: Colombia necesita más inversión privada. Todos estamos de acuerdo. Queremos más empresas, más empleo, más vivienda, más infraestructura y más oportunidades. Sin embargo, cuando llega el momento de convertir ese discurso en realidad, pareciera que hacemos exactamente lo contrario. Nos cuesta entender que la inversión no aparece por decreto ni por buenas intenciones. Llega cuando existen reglas claras, instituciones confiables y un Estado que, sin renunciar a su papel de regulador, entiende que también debe facilitar el desarrollo. Lo veo con frecuencia en el urbanismo. Bogotá quiere recuperar edificios abandonados en su centro histórico y transformar sectores completos a través de instrumentos de gestión y planeación urbana innovadores. Sin embargo, en cada conversación con desarrolladores, constructores e inversionistas aparece la misma inquietud: no piden subsidios, ni privilegios, ni tratamientos especiales. Piden algo mucho más sencillo: estabilidad, agilidad y confianza. El problema rara vez es la falta de recursos o de interés por invertir. El tema es que las reglas cambian a mitad del camino, los trámites tardan años, las interpretaciones de una misma norma dependen de la entidad o del funcionario de turno y el costo de esa incertidumbre termina haciendo inviables proyectos que podrían beneficiar a toda una ciudad. Mientras tanto, seguimos preguntándonos por qué el capital busca otros destinos. Las ciudades y los países que lograron crecer y desarrollarse a punta de inversión privada entendieron hace tiempo que el desarrollo económico no depende únicamente de reducir impuestos. Irlanda hizo de la estabilidad regulatoria una política de Estado para atraer empresas de todo el mundo. Barcelona utiliza incentivos urbanísticos para orientar la inversión hacia los sectores donde la ciudad quiere crecer y renovarse. En un caso nacional, Medellín no transformó su economía porque el Estado hiciera todo. Lo logró porque creó un ecosistema donde gobierno, universidades y empresas trabajan hacia un mismo objetivo. En todos los casos hay un elemento en común: el Estado no renuncia a regular, pero tampoco convierte la regulación en un obstáculo permanente. En Colombia aún confundimos gobernar con restringir. Cada requisito adicional aumenta la incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene consecuencias. Lo he dicho en varios de mis artículos: no necesitamos más leyes, ni más diagnósticos, ni más documentos que terminan archivados. Sabemos cuáles son los problemas de nuestras ciudades y del país; lo que falta es tomar decisiones y ejecutar. No se trata de entregar las ciudades al mercado. Se trata de reconocer que el desarrollo siempre ha sido el resultado de una alianza entre un Estado que orienta y un sector privado que invierte, innova y ejecuta. Ninguno reemplaza al otro; se necesitan mutuamente. Estoy convencida que la apuesta por reactivar la economía y convertir a Colombia en una verdadera "patria milagro" no se quedará en un discurso. Atraer inversión privada exige mucho más que anuncios: exige decisiones, confianza e instituciones que comprendan que su papel no es cerrar puertas, sino abrir caminos. Quizá esa sea una de las reformas más importantes que aún tenemos pendientes: dejar de ver al inversionista como alguien a quien hay que ponerle más barreras y empezar a entenderlo como un aliado indispensable para construir las ciudades y el país que queremos.