Petro empezó a romper su juramento a la Constitución del 91

El gobierno de Petro crea una comisión de paz que podría vulnerar la independencia judicial. El decreto que permite la liberación de presos es criticado por atentar contra la Constitución y la separación de poderes.

Por Gustavo Martínez B. En el 2020, cuando inicié el camino de ser columnista de opinión, recuerdo que uno de mis primeros escritos iba dirigido a criticar la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que planteó el entonces presidente Iván Duque, quién la trazó bajo la aparente necesidad de reformar la justicia, eliminando las altas cortes para supuestamente crear una sola corporación judicial. Quienes no nos dedicamos a la política, sino que defendemos a nuestro Estado Social de Derecho, no se nos olvidan las artimañas que pretendía el anterior gobierno y siempre estamos alerta ante cualquier abuso, como el que realizó Álvaro Uribe Vélez, quien mediante acto legislativo 2 del 2004, introdujo la reelección presidencial por primera vez en nuestro país, con el objetivo de gobernar por cuatro años más, acontecimiento que empezó a golpear nuestra democracia. En este momento y por primera vez en la historia de nuestro país, estamos siendo gobernados por un presidente de izquierda, del cual se esperan cosas positivas, sin embargo, también estamos alerta frente a cualquier actitud antidemocrática que quiera realizar el primer mandatario, porque está totalmente demostrado que los extremos son peligrosos, sea de derecha o de izquierda. En efecto, recientemente el departamento administrativo de la presidencia de la república, mediante decreto 2422 de 2022, creó la "Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana", cuyo objetivo, según el presidente Petro es la de conseguir la "Paz total". Sin embargo, ese decreto, en el artículo 3 parece sugerir algo que va en contra de la constitución política de 1991 y en contra de la separación de poderes, puesto que sugiere nombrar a personas privadas de la libertad como gestores de paz, lo cual, implicaría, aparentemente, que podrían salir de los centros de reclusión por medio de ese decreto. La decisión de Petro es totalmente desacertada y sé si se quiere, también es grosera con la independencia judicial, en tanto, estaría pasando por encima de una orden emitida por un juez de la República para, en su lugar, saltarse todo ese andamiaje procesal, cual si se tratara de un dictador o del Rey Luis XIV de Francia, quien solía decir: "el Estado soy yo". Señor presidente, no olvide que el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, consagró el principio de la separación de poderes y si usted rompe esa figura entrometiéndose e irrespetando la majestad de la justicia, estaría violando la Constitución Política del 91, norma frente a la cual, usted mismo juró que iba a cumplir desde el primer día de su posesión. Ordenar la libertad de las personas que están cobijadas con medidas de aseguramiento por orden de la judicatura no solo es un golpe a nuestra democracia, sino que también es un mal ejemplo para la sociedad y emite un pésimo mensaje a los ciudadanos de bien, pues seguirá tomando fuerza la frase de que efectivamente en este país "delinquir paga". No haga lo que tanto criticó, porque de ser así, el mismo pueblo que lo eligió, será el mismo que lo va a hundir.