Pesca de arrastre: ponerle la lupa mundial
La pesca de arrastre y la captura incidental son crisis silenciosas que erosionan la productividad del mar y el sustento de comunidades costeras en América Latina y Colombia.
Por Manuel Andrés Cadrazco Martelo La pesca de arrastre y la captura incidental son crisis silenciosas que erosionan la productividad del mar y el sustento de comunidades costeras en América Latina y Colombia. No se trata solo de capturas excesivas sino de la degradación física del fondo marino, la pérdida de especies y el colapso de hábitats que sostienen cadenas tróficas enteras. Estas prácticas exigen una respuesta pública integral que priorice la recuperación ecológica y la transición laboral para pescadores afectados. La magnitud del desafío regional exige contextualizar la discusión: América Latina y el Caribe producen más de 15 millones de toneladas de productos pesqueros al año, lo que convierte al mar en un componente estratégico de seguridad alimentaria y empleo para millones de personas; cualquier deterioro en la salud marina tiene efectos sociales y económicos extendidos. Esa cifra pone en perspectiva por qué la gestión sostenible no es un lujo técnico sino una política pública de Estado. En Colombia la dinámica productiva reciente muestra un crecimiento del sector pesquero y acuícola, que en el primer trimestre de 2025 aumentó 18,2% frente al año anterior, impulsado por políticas de formalización y tecnificación, pero esos avances son frágiles si conviven con prácticas extractivas dañinas y registros incompletos sobre captura incidental. El crecimiento no sustituye la necesidad de salvaguardar recursos y asegurar que los beneficios sean distribuidos de forma sostenible y equitativa. Políticas públicas efectivas combinan prohibiciones selectivas, incentivos y alternativas: en primer lugar, establecer y ampliar zonas de no arrastre y reservas marinas temporales; esto seguido de imponer cuotas por arte de pesca y estándares técnicos que obliguen el uso de dispositivos excluidores; así mismo redirigir subsidios hacia la pesca artesanal sostenible y la acuicultura responsable; adicionalmente fortalecer vigilancia con observadores electrónicos y por último no menos importante, programas de reconversión laboral y acceso a mercados sostenibles para pescadores que adopten prácticas certificadas. La política debe ser ecuánime entre conservación y justicia social: proteger el fondo marino sin abandonar a las familias costeras requiere fondos de transición, capacitación técnica y mercados que paguen la sostenibilidad. Si Colombia y los países del Caribe aprovechan sus sistemas estadísticos y políticas públicas inteligentes, la pesca podrá seguir siendo fuente de alimento y vida sin sacrificar el océano que la perpetua. Proteger el mar debe ser un compromiso firme, sobre todo pensando en las generaciones futuras.