Pedro Castillo: ¿intento de dictador o perseguido político?

Pedro Castillo, expresidente de Perú, protagoniza un escándalo tras ser destituido y detenido. Enfrenta investigaciones por corrupción y rebelión, mientras el país vive protestas y anticipa elecciones.

Por: Daniela Pérez Vásquez. Pedro Castillo, un humilde profesor de un área rural sin ninguna experiencia previa en política, llegó al poder en julio de 2021 (con un fuerte discurso antiestablishment) después de ganar las elecciones presidenciales en Perú. Últimamente, ha acaparado las noticias en medios de comunicación de todo el mundo a razón de un intento de “golpe de estado” provocado luego de su destitución por parte del Congreso, institución que alega que Castillo tiene una “permanente incapacidad moral” para continuar en el cargo; desde hace dos meses, la Fiscalía de ese país adelanta una investigación por corrupción en contra del ahora expresidente, quien además, deberá enfrentar otra investigación (y posiblemente sea procesado) por los delitos de rebelión y conspiración. Desde la victoria de Castillo, era claro que el país se enfrentaría a grandes retos, pues los clanes y grupos políticos que han ostentado el poder históricamente en Perú, no recibirían de brazos abiertos a un outsider. Además, la nula experiencia de Castillo en el campo político se tradujo en una gran dificultad para alcanzar los escaños y apoyo necesarios en el Congreso y para consolidar un gabinete ministerial idóneo que pudiera hacer frente a los problemas socioeconómicos. Así, en los 16 meses de Castillo como presidente, se contabilizaron un total de 78 ministros, generando un problema de continuidad en los programas y proyectos y una notable inestabilidad e incertidumbre política y gubernativa. Aunque intentó escapar buscando refugio en la Embajada de México, actualmente Castillo se encuentra detenido preventivamente por orden de la Fiscalía mientras se adelantan las investigaciones. Muchos sostienen que el expresidente fue perseguido por la élite política del país que no desea compartir el poder, las evidencias son que en su corto tiempo de gobierno, fue “víctima” de mociones de censura y de vacancia por parte del Congreso; y que las investigaciones por corrupción se basan en montajes en contra de Castillo, sus allegados y su familia, como, por ejemplo, las declaraciones (¿falsas?) de dos ministros de vivienda que denunciaron que el presidente y su hermana les exigían pagos recurrentes para seguir en el cargo. Por otro lado, hay quienes afirman que el golpe de estado de Pedro Castillo, en donde pretendía disolver el Congreso, fue una jugada desesperada y antidemocrática en un intento de evitar lo inevitable: la moción de vacancia que en ese mismo momento se votaba en su contra en el recinto legislativo. Castillo al parecer no pidió apoyo a las fuerzas policiales ni militares para que respaldaran su decisión, que, entre otras cosas, atenta contra la democracia y la estabilidad de una nación, pero fue apoyado por Colombia, México y Bolivia, países que no reconocen el gobierno actual. Ya se cumple una semana de protestas y manifestaciones populares a favor de Castillo y en oposición al Congreso y la nueva presidenta Dina Boluarte (quien además fungió como vicepresidenta de Castillo y ahora la tildan de usurpadora y traidora), quien anunció que “adelantaría” las elecciones parlamentarias y presidenciales a 2024. ¿Será el remedio peor que la enfermedad?