Nueva Legislatura

En el arranque del periodo legislativo 2025-2026, el Congreso de la República encara una prueba definitoria: demostrar que puede trascender la simple confrontación y funcionar como un espacio de diálogo efectivo.

Por Manuel Cadrazco Martelo En el arranque del periodo legislativo 2025-2026, el Congreso de la República encara una prueba definitoria: demostrar que puede trascender la simple confrontación y funcionar como un espacio de diálogo efectivo. Durante los meses recientes, la tensión con el Ejecutivo paralizó iniciativas esenciales en salud, vivienda, justicia y reactivación económica, generando frustración ciudadana. Restituir la credibilidad parlamentaria exige reenfocar las energías en consensos pragmáticos que atiendan las urgencias nacionales antes que las discrepancias personales. Para destrabar los proyectos rezagados, será vital consolidar esquemas de articulación interinstitucional que respeten las funciones de cada rama del poder sin paralizar la acción política. Comisiones mixtas con plazos claros y mediadores institucionales pueden reducir la fricción histórica y garantizar que las iniciativas prioritarias avancen con celeridad técnica y transparencia en el debate. La Ley de Competencias se perfila como un hito estratégico para redefinir la distribución de responsabilidades entre la Nación y los territorios. Si su trámite incorpora una escucha real a gobernadores, alcaldes y comunidades, estará en posición de transformar el modelo de descentralización y asegurar que recursos y decisiones se acerquen de verdad a cada rincón del país. Ese acercamiento regional no debe limitarse a gestos simbólicos. Se requieren agendas legislativas que respondan a los diagnósticos territoriales, espacios continuos de participación ciudadana y representación efectiva en departamentos históricamente olvidados. Así, la formalidad de la representatividad podrá traducirse en resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. En paralelo, el Legislativo tiene la responsabilidad de moderar el tono del debate público. Evitar la escalada de discursos polarizantes implica fortalecer la ética parlamentaria, dotar de autonomía real a la Comisión de Ética y promover prácticas de deliberación respetuosa que privilegien argumentos sobre ataques personales. En este contexto, la nueva mesa directiva envía un mensaje alentador. La elección de un presidente oriundo de la región Caribe y de dos vicepresidentas—ambas mujeres, una de ellas del departamento de Sucre—no solo amplía la representatividad territorial, sino que destaca el protagonismo femenino en un espacio tradicionalmente dominado por hombres. Este gesto simboliza un avance hacia una democracia más inclusiva y equilibrada. Si el Congreso asume con seriedad estos compromisos, podrá convertirse en catalizador de reformas urgentes, mediador confiable y promotor de una democracia participativa que integre todas las voces. Colombia está obligada a exigir un Legislativo eficaz, plural y sensible a las necesidades de cada región.