Libertad y orden

Cuando un gobernante promete combatir el crimen, fortalecer la autoridad o hacer cumplir la ley, aparecen voces que lo acusan de autoritario. Si, además, habla del uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos, no faltan quienes recurran a calificativos aún más graves, incluso tildándolo de anti cristiano. ¿En qué momento comenzamos a creer que ejercer la autoridad legítima es incompatible con el Evangelio? Cristo nos pide amar al enemigo, perdonar siempre, desterrar el odio y la venganza del corazón. Pero nunca enseñó que el perdón elimine la justicia ni que la autoridad deba renunciar a proteger a los inocentes. Debo perdonar, pero no puedo exigirle a un juez que deje de juzgar, a un policía que no proteja o a un gobernante que renuncie a defender el bien común. La legítima defensa es un derecho y también un deber cuando están en riesgo otras personas. Quienes ejercen una autoridad legítima tienen la responsabilidad de impedir que el agresor continúe causando daño. El cristianismo manda amar a todas las personas, pero no exige confundir a la víctima con el victimario, y la historia de la reina Ester ilustra bien esta realidad. Cuando ella descubrió el plan para exterminar a su pueblo, actuó con prontitud y firmeza para salvar a miles de inocentes, y como consecuencia, los responsables enfrentaron el mayor castigo posible. En ocasiones, el debate público parece concentrarse más en las consecuencias favorables que enfrentará quien viola la ley que en el sufrimiento de quienes padecen sus actos. Se habla de derechos, pero se nos olvida la responsabilidad social. Se exige comprensión para el agresor, mientras las víctimas quedan relegadas a un segundo plano. Y cuando alguien propone restablecer la autoridad por la razón o la fuerza, dentro de la Constitución y la ley, no faltan quienes intentan presentarlo como una amenaza, desconociendo que la compasión es una virtud cristiana pero la impunidad no lo es. La autoridad que actúa dentro del marco legal no es un peligro para la nación. Aquel aparece cuando la ley no se aplica; el crimen deja de tener consecuencias, y los ciudadanos honestos terminan sintiéndose abandonados por quienes juraron protegerlos. Es hora de cambiar eso para que el escudo de Colombia cobre vigencia, aplicando esas dos palabras que nunca debieron olvidarse: libertad y orden.