La traición de un Estado a su propia dignidad

La columna ofrece una reflexión crítica sobre el deterioro institucional en Colombia, denunciando cómo el Estado ha cedido ante intereses particulares que buscan mantener el poder y garantizar la impunidad.

Por Silverio José Herrera Caraballo En los anales de las democracias fallidas, la historia suele repetirse con dolorosa similitud: el Estado, llamado a proteger la verdad y garantizar la justicia, termina arrodillado ante los intereses de quienes manipulan las instituciones para conservar poder, venganza o impunidad. En Colombia, hemos llegado a ese umbral. Lo que hoy presenciamos no es un juicio; es una ejecución mediática, jurídica y política cuidadosamente orquestada. Se ha condenado a un hombre, pero con él, se pretende enterrar una visión de país, una lucha frontal contra las mafias que por décadas han mantenido al pueblo bajo el yugo del miedo. No estamos ante una sentencia: estamos ante el símbolo de una nación que premia al criminal y castiga al que lo combatió. Denuncio a los pactos políticos disfrazados de acuerdos de paz, que hicieron de la impunidad un trofeo y de la justicia una moneda de cambio. ¿Cómo puede hablarse de reconciliación cuando se les conceden curules, micrófonos y privilegios a quienes enlutaron al país, mientras se persigue con saña a quien los enfrentó en el campo de batalla y en el gobierno? La llamada paz no fue más que una transacción ruin donde el precio a pagar era la memoria de las víctimas. Denuncio a una clase política que ha hecho del oportunismo una doctrina. A quienes, bajo el disfraz de progreso, han construido una maquinaria de poder basada en la distorsión de la historia reciente. A esos operadores de ideologías vacías que repiten discursos de derechos humanos mientras ignoran los cementerios llenos, los pueblos desplazados y los secuestros silenciados. No buscan justicia, buscan venganza. Denuncio a un sistema judicial que se ha dejado colonizar por intereses ajenos a su función. Una Fiscalía que cambia su versión según el viento político. Jueces que dictan fallos apresurados, inconsistentes y desproporcionados, más atentos a las reacciones en redes sociales que a los principios constitucionales. Hemos pasado de un poder judicial independiente a una estructura funcional a la narrativa del poder de turno. Denuncio a los formadores de opinión que, amparados en el anonimato digital o en el prestigio editorial, construyen linchamientos públicos en lugar de debates. Que callan ante los crímenes de los violentos mientras amplifican acusaciones sin pruebas contra quienes los combatieron. Que reducen la justicia a una tendencia, y la ética a una estrategia de likes. Denuncio a una sociedad desmemoriada, que ha caído en la trampa del revisionismo. Que hoy condena a quienes impidieron que el país se deslizara hacia el abismo, y aplaude a quienes, por años, lo empujaron hacia él. Hemos llegado al extremo de ver como héroes a quienes desangraron al país, mientras tachamos de villanos a quienes se jugaron la vida por protegerlo. Esto no es una defensa ciega de una figura política. Es una denuncia clara de un proceso de descomposición institucional que amenaza con devorar lo poco que queda de la democracia. Si hoy se puede condenar sin pruebas, mañana cualquier ciudadano estará a merced de un sistema manipulado. No se ha hecho justicia. Se ha consumado una infamia. La historia no absolverá a quienes han hecho del odio su bandera. El tiempo, implacable, pondrá cada cosa en su lugar. Pero mientras llega ese día, nuestra voz no puede callar. Porque cuando se silencia la verdad, cuando se pervierte la ley, cuando se premia al verdugo y se castiga al valiente, la sociedad entera se convierte en cómplice. Hoy no hablo solo como columnista o como ciudadano. Hablo como el colombiano que se niega a aceptar que la mentira se imponga como norma. Yo denuncio. Porque callar sería traicionar no a un hombre, sino a la idea misma de justicia.