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Opinión

La salud: una enfermedad

Édgar Arrieta González
Édgar Arrieta González
Columnista
27 de septiembre de 2024

La atención en salud en Colombia, especialmente a través de EPS e IPS, perjudica a la población. El lucro privado, según evidencia, impacta la equidad y calidad, demandando regulación estatal.

Por Édgar Arrieta González La situación degradante por la cual atraviesa un alto porcentaje la población colombiana en atención en salud, concretamente los que no tienen alternativas distintas a las EPS e IPS, las que constituyen la causa principal de esta situación, dada la expectativa de ganancias de los intermediarios a expensas de la negación a la atención en salud, necesita del Estado reglamentaciones sanas y benéficas mas no de normas que en la práctica son lesivas para los usuarios asalariados, pensionados y de aquellos beneficiarios de las dadivas del Estado en este aspecto. En Colombia se vendió la idea de que lo privado es mucho más eficiente y transparente que lo público, pues la evidencia científica demuestra que los sistemas públicos o sin ánimo de lucro de los recursos de la salud manejados honestamente son mucho mejores para alcanzar los objetivos de equidad, calidad, universalidad y costo-efectividad del sistema, esa idea fue inculcada ya que la Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto quedó sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, por servir de intermediarios obtienen jugosas ganancias trayendo como consecuencia el aumento de  la inequidad en salud, incrementa los costos sin mejorar la calidad, se disminuye el acceso a la atención médica y se interesa muy poco en el bienestar y satisfacción de los usuarios. En este orden de ideas los colombianos nos enfrentamos a un escenario totalmente polarizado: por un lado, los que no quieren que se les toque el mercado de la salud y por el otro, los que reclaman que la salud es un derecho público y que es al Estado al que le corresponde responder, lo cual no excluye la participación del sector privado, siempre que esta sea debidamente reglamentada por el Gobierno. Las dificultades que han enfrentado las reformas al sistema de salud, producto de la obediencia en ese Ministerio al grupo político que promovió y reglamentó la Ley 100, especialmente a los pensionados de instituciones privadas y oficiales, donde les ha sido imposible acceder a algunas atenciones ya que sus capacidades económicas para los pagos adicionales y fuesen atendidos solucionando sus quebrantos de salud es imposible costearlos.  Los colombianos necesitamos de una atención en salud optima en clínicas y hospitales oficiales ya que ella es un derecho fundamental no una mercancía. Definitivamente en Colombia el negocio más rentable después del narcotráfico es la salud.