La reforma pensional ¿Un cambio al sistema pensional en Colombia o una mala práctica?

La captura de Iván Name y Andrés Calle por coimas pone en jaque la reforma pensional colombiana. La Corte Constitucional decidirá si la ley está viciada, considerando la presunta compra de congresistas para su aprobación.

Por Hernando Montalvo García Con la reciente captura del entonces Presidente del Senado Iván Name Velásquez y del Ex – Presidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas, por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación en favor propio, debido a la recepción de coimas por parte del Gobierno Nacional a través de la Unidad de Gestión del Riesgo, para la aprobación de las Reformas presentadas por el Gobierno Nacional se abrirá un debate histórico en Colombia. ¿Se encuentra viciada una ley debido a que en su trámite legislativo se probó que los congresistas que la aprobaron recibieron coimas, representadas en contratos, dinero en efectivo, cargos u otros? Esto, es una de las preguntas jurídicas que tendrá que resolver la Corte Constitucional en las próximas semanas, con relación a la exequibilidad o inexequibilidad de la reforma pensional, considerando que tal hecho pueda encuadrarse en un vicio formal o material durante la creación legislativa. Y es que en el despacho del Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar, ponente del fallo que analiza las demandas de inexequibilidad presentadas a la reforma pensional, se haya decretado como prueba y recibido material probatorio el día quince (15) de mayo del 2025, del proceso penal adelantado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de los congresistas Name Velásquez y Calle Aguas por haberse beneficiado en coimas para la aprobación de las reformas del presidente Petro podrían constituir un vicio material en la nueva ley pensional, pues en el auto por medio del cual la Sala de Instrucción ordena la captura a la captura los congresistas Name y Calle manifiesta haber indicios y pruebas, como lo son las declaraciones de Sneyder Pinilla y Olmedo López, que demuestran que se utilizó a la Unidad de Gestión del Riesgo por parte del Gobierno Nacional para aprobar su agenda legislativa que incluyen la reforma pensional. Un vicio material en la creación de manera general, significa que i) La Reforma es contraria a la Constitución Política, y ii) Por la infracción a los requisitos materiales de la ley, como por ejemplo una motivación inadecuada, por lo que haber recibido coimas por parte del congreso para aprobación la reforma pensional puede considerarse una falsa motivación si se tiene en cuenta que el legislativo aprobó dicha reforma no pensando en un cambio estructural del sistema pensional, sino en la recepciones de alguna prebenda que les entregara el Gobierno Nacional. De manera que está en manos de la Corte Constitucional decidir el destino de la Reforma Pensional, y comprobar si la motivación del legislativo estuvo viciada por la entrega de coimas, representadas en contratos, cargos y hasta el manejo de la Unidad del Gestión del Riesgo, entidad que tiene objeto prevenir y mitigar los desastres naturales que ocurren en el país, para lograr sacar adelante el nuevo sistema pensional. En un primer momento, el Magistrado Ibáñez Najar había presentado fallo solicitando tumbar la reforma, debido a que esta se había aprobado “a pupitrazo” tal y como ocurrió con la ley de financiamiento en el año 2019, pero lo retiró por analizar un nuevo concepto del nuevo Procurador Gregorio Eljach. Lo que si es cierto es que de caerse la Reforma Pensional no puede por parte del Presidente Petro interpretarse como un “golpe del estado” y buscar vías de hecho, pues de conformidad con el principio general del derecho “nadie puede beneficiarse de su propio dolo”, es decir sacar provecho de sus propias culpas, pues la presunta compra de congresistas se originó por parte del Gobierno Nacional, siendo este el responsable de una posible inexequebilidad de la Reforma Pensional.