¿La implementación del acuerdo de paz pa’ cuándo?

El informe de la Contraloría revela que, pese a invertir $77.45 billones en el posconflicto, el acuerdo de paz en Colombia avanza lento, con desafíos en cumplimiento y atención a víctimas.

Por Luis Ramiro Ricardo Buelvas * A propósito de las recientes declaraciones del presidente Petro, en las que señala al estado colombiano de no querer cumplir con el acuerdo de paz, es importante precisar que el Séptimo Informe de la Contraloría General de la República sobre el avance en la implementación del acuerdo de paz establece que se han invertido 77.45 Billones de pesos para el post conflicto en Colombia, a corte del 2023. Los $77,45 billones referidos, significan un 52,7% de los recursos estimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo -MFMP- de 2017, año en el cual se estimaron el total de recursos destinado a la paz, los cuales ascienden a $146,96 billones para los 15 años pronosticados. Esta ejecución poco refleja la transformación esperada para los territorios azotados por la violencia y mucho menos avances estructurales en los municipios priorizados con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Para evidenciar esta situación podemos remitirnos al Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO, en que se logra observar que el 53% de los 220 indicadores del Plan Marco de Implementación –PMI (aproximadamente 116 indicadores), presentan total cumplimiento en las metas anuales planteadas. Sin embargo, esta circunstancia no obedece a la realidad, pues en muchos casos el sistema no indica, de manera exacta, el estado de avance de los programas. Situación similar la que tienen los Planes Nacionales Sectoriales Rurales (PNSR) – que tienen cobertura geográfica insuficiente; es decir, que no tienen un alcance nacional como lo estipula el Acuerdo Final de Paz. Otro de los puntos más neurálgicos es el referente al acuerdo para las víctimas, pues, según el informe, se registró una ejecución de $5,7 billones de los cuales $1,7 billones corresponden a la vigencia 2022 y $1 billón, programado para 2023. Sin embargo, el mismo informe destaca la falta de actualización del Plan Marco de Implementación – PMI en los indicadores del pilar de Justicia y Verdad, y la inexistencia de indicadores para realizar seguimiento en el Pilar de reparación integral, especialmente, en las estrategias de restitución de tierras y garantías de no repetición. Este panorama, tan poco alentador, representa la oportunidad del gobierno nacional para demostrar su verdadero compromiso con la paz de país, a partir de acciones inmediatas que promuevan el “cambio” en la vida de las personas que más han sufrido los horrores de la guerra. *Representante a la Cámara - CITREP 8 – Montes de María