La hora de los jueces

Ante la amenaza a la separación de poderes, la rama judicial podría salvar el Estado de derecho. Expertos sugieren inaplicar normas inconstitucionales, especialmente en el sistema de salud y las EPS.

Por: Roberto Samur Esguerra. Cuando la separación de poderes se ve amenazada por la conchabanza de dos de sus ramas, concretamente las de origen electoral, queda la judicial para salvar la noción del Estado de derecho, que no es otra que aquella que se refiere al imperio de ley. Puede hacerlo, si sus jueces utilizan el artículo constitucional que les permite inaplicar  una norma para un caso concreto, con efecto solo entre las partes, cuando considera que puede ser violatoria de la Constitución. Es lo que se llama el control por vía de excepción, caso en el cual la regla sigue vigente, mientras se ejerce el control por vía de acción que se da cuando se demandan ante la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, las leyes o decretos, pues entonces,  de tener éxito la pretensión, quedan sin vigencia, y, por lo tanto, anulados, con efectos erga omnes . Es lo que la mayoría de los tratadistas del derecho público están recomendando para contener la cascada de decretos que se aproximan. LAS EPS El próximo año se presentará ante el Congreso el proyecto de ley que pretende modificar el sistema de salud. Es de esperarse que contenga aspectos favorables para una mejor prestación del servicio, si no se entendería que Gobierno alguno  se empeñe  en el retroceso de un asunto de tanta importancia para los colombianos. Pero, surgen ciertas dudas, pues mientras la ministra del ramo anuncia que se acabarán las empresas prestadoras de salud (EPS), el presidente Petro afirma que eso no es cierto, pues el propósito es reorientar la financiación que ellas reciben, para que dejen de ser intermediaras entre la fuente de recursos, las clínicas y los hospitales. Mi experiencia como usuario ha sido diversa, con balance favorable que me permite comprobar un avance palmario, desde cuando el servicio lo prestaba el Estado a través de los Seguros Sociales, hasta cuando llegaron las empresas privadas, con ciertos altibajos, claro, pues algunas de ellas fueron intervenidas y cerradas por incumplimiento de su objeto social. Es posible que el aparato financiero del sistema de salud requiera de algunos ajustes que permitan una mayor y clara inversión, pero su manejo no debería salir de la esfera de la iniciativa privada, comprobadamente más eficiente que la pública, parcelada por la clientela política, la corrupción y el molondrismo oficial. La diversidad de empresas particulares ha logrado una excelente cobertura, especialmente para los estratos primarios. Para comprobarlo basta con echar un vistazo a cualquiera de los consultorios de medicina general y de las diversas especialidades en el tratamiento de la alarmante gama de viejos y nuevos padecimientos. Programas como el P y P y el de nefrología, a través de controles bimestrales, son garantía para la prevención y tratamiento de enfermedades tan generalizadas como la diabetes, la presión arterial y la insuficiencia renal. Se entiende que todo es susceptible de mejorar, pero, por lo pronto, la pluralidad de especialistas, de  laboratorios clínicos y radiológicos, y la moderna infraestructura de algunas instituciones, son signos de la prestación de un buen servicio.