La cuestión no es de nómina; es de honor, lealtad, valor y sacrificio

La Ley 1979 de 2019 (la llamada Ley del Veterano) nació con una intención clara y noble: reconocer y dignificar a quienes, desde las filas de la Fuerza Pública, sirvieron a la patria.

Por Silverio José Herrera Caraballo La Ley 1979 de 2019 (la llamada Ley del Veterano) nació con una intención clara y noble: reconocer y dignificar a quienes, desde las filas de la Fuerza Pública, sirvieron a la patria. Sin embargo, aquella promesa de equidad y homenaje se ha ido transformando, con el tiempo, en una fuente de profundas divisiones entre quienes comparten la misma historia y el mismo sacrificio. Hoy resulta doloroso ver cómo se han trazado líneas que separan a veteranos con asignación de retiro de los reservistas de primera clase, hombres y mujeres que también respondieron al llamado del país, pero que no cuentan con una compensación mensual equiparable. No puedo aceptar que el reconocimiento a la entrega y al servicio se reduzca a una discusión meramente salarial. Cada soldado, infante de marina, marino, aviador o policía dio (en mayor o menor medida) un gran aporte con valor y sacrificio una parte de su vida por la seguridad y el bienestar de Colombia. Algunos estuvieron en los frentes más peligrosos, otros en cuarteles y ciudades, todos sirvieron a la patria en los episodios más oscuros de nuestra historia; desde su paso por el servicio militar obligatorio o voluntario (recordando que la Ley 131 de 1985 marcó una etapa importante en la incorporación de soldados voluntarios que luego abrió camino a la profesionalización), fueron el primer eslabón de defensa de la soberanía y el orden. Todos, sin excepción, merecen respeto, memoria y gratitud. He conocido reservistas cuya permanencia en filas fue breve pero intensa, con actos de entrega y valentía que no menguan por haberse medido en meses o en años. La condición de veterano o reservista no puede depender únicamente de un tecnicismo jurídico ni de la falta de voluntad política. Y conozco también reservistas que hoy son profesionales destacados, líderes comunitarios, empresarios y servidores públicos; pero igualmente hay quienes la vida golpeó con dureza y hoy atraviesan necesidades reales que merecen atención. ¿Es pecado pedir que se reconozca su aporte y se atienda su situación? Como abogado y miembro de la reserva del glorioso Ejército Nacional, defensor del gremio sin distingo de fuerzas o grados, pero con absoluto respeto por la institucionalidad, hago una petición clara y respetuosa: que la señora gobernadora del departamento de Sucre, Lucy Inés García Montes, escuche el clamor de las reservas de la Fuerza Pública y oriente a la Asamblea Departamental a estudiar, considerar y presentar un proyecto de ordenanza integral que institucionalice la Ley del Veterano en el departamento, incorporando expresamente a los reservistas de primera clase (Este es el derrotero para que así mismo mediante acuerdo se institucionalice en los 26 municipios del departamento). Sucre tiene la oportunidad de convertirse en ejemplo nacional de inclusión y justicia con quienes tanto dieron por el país. No es capricho. No se trata de privilegios para unos pocos, sino de justicia y coherencia. Una asignación de retiro no puede ser el punto de quiebre de la relación fraterna entre quienes alguna vez portamos el uniforme. Hoy hay reservistas que perciben ingresos muy superiores a la asignación de retiro de veteranos; eso no los hace ni menos ni más. Lo que no podemos permitir es que, por egos, rencillas o diferencias personales, se niegue el reconocimiento y las garantías mínimas a quienes contribuyeron a la seguridad nacional. El mensaje va dirigido a quienes, por razones ajenas al interés común, se oponen a incluir a los reservistas de primera clase en el proyecto de ordenanza. A quienes tienen la responsabilidad de presentar ponencia, estudiarla y decidir su viabilidad les digo: piensen en la inmensa cantidad de personas que agradecerán esa decisión. No hablo por mí (A Dios gracias, con mi profesión y mi trabajo he encontrado sustento tras dejar el uniforme); hablo y abogo por quienes no tienen voz, por quienes no pertenecen a asociaciones fuertes ni cuentan con patronazgo político. Es mi misión levantar la voz por ellos. Excluir a los reservistas no sólo podría representar un error jurídico, sino una afrenta moral. Resulta absurdo que, por orgullo o resentimiento de pocos, se niegue el justo reconocimiento a quienes también aportaron a la estabilidad y la paz. Los derechos no deben ser privilegios; deben ser patrimonio de todos aquellos que sirvieron con honor bajo los colores del pabellón nacional. Ignorar el papel de los reservistas es desconocer un componente valioso del tejido social y patriótico del país. La Ley del Veterano debe evolucionar: pasar de ser una norma puntual a convertirse en política de Estado incluyente que no discrimine ni segmente, sino que una y reconozca por igual. Si Sucre asume ese reto, dignificará a sus héroes y marcará un camino que otras regiones podrán seguir. No se trata de dinero puro y duro; se trata de memoria, de justicia y de gratitud. Ser veterano o reservista no es cuestión de fuerzas, de nómina ni de grados; es una condición de honor que se ganó sirviendo a Colombia. Pido mayor sensatez y visión de país. Que el tiempo reconozca a quienes actúen con justicia. Que, al final, prevalezca la coherencia y la solidaridad, pero por sobre todo la lealtad: inclusión también es una forma más de servir a la patria. Para quienes deseen profundizar en estas reflexiones y propuestas, mi invitación es a trabajar unidos por una solución justa y duradera, no en apegarse en luchas bizantinas sin sentido.