Juventud y violencia

En el Departamento de Sucre la juventud enfrenta desafíos estructurales. La violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, se manifiesta en hogares, escuelas y comunidades, afectando de forma diferenciada a hombres y mujeres.

Por Manuel Andrés Cadrazco En el Departamento de Sucre la juventud enfrenta desafíos estructurales. La violencia, lejos de ser un fenómeno aislado, se manifiesta en hogares, escuelas y comunidades, afectando de forma diferenciada a hombres y mujeres. La evidencia recopilada por el Banco Interamericano de Desarrollo muestra que los jóvenes son más propensos a conductas de riesgo, pero también más receptivos a intervenciones efectivas cuando se actúa a tiempo. En Sucre, esto implica priorizar programas que fortalezcan el entorno familiar, promuevan la salud mental y generen oportunidades reales de educación y empleo. La terapia familiar funcional, por ejemplo, ha demostrado reducir significativamente la violencia intrafamiliar y mejorar el funcionamiento de los hogares. Replicar modelos similares en municipios sucreños podría tener un impacto directo en la prevención. Además, completar la educación secundaria es uno de los factores de protección más sólidos frente al crimen. En Sucre, donde la deserción escolar sigue siendo alta, ampliar la jornada educativa y vincularla con actividades culturales, deportivas y tecnológicas puede ser una estrategia eficaz para reducir la exposición a entornos violentos. No se trata solo de mantener a los jóvenes ocupados, sino de construir espacios seguros donde puedan desarrollar habilidades, vínculos positivos y proyectos de vida. La escuela debe ser un entorno protector, no un espacio de riesgo. Invertir en docentes capacitados, infraestructura digna y acompañamiento psicosocial es clave para lograrlo. Otro punto crítico es evitar la criminalización temprana de jóvenes de bajo riesgo. Las sanciones penales sin alternativas restaurativas no solo estigmatizan, sino que aumentan la probabilidad de reincidencia. En cambio, los programas comunitarios, como los centros juveniles, redes de mediación o iniciativas de justicia restaurativa, han logrado reducir homicidios y delitos en zonas vulnerables. Estos modelos deben ser fortalecidos con presupuesto, formación técnica y articulación interinstitucional. La participación activa de líderes comunitarios, docentes y familias es esencial para consolidar entornos protectores. Sucre necesita una política juvenil que reconozca la complejidad del problema y apueste por soluciones basadas en evidencia. Invertir en prevención, salud mental, educación y comunidad no es un gasto: es una estrategia inteligente para construir un futuro más seguro, justo y esperanzador para nuestra juventud. La violencia no se combate con castigo, sino con oportunidades sostenidas, acompañamiento institucional y voluntad política. El orden también se garantiza desde etapas tempranas.