Importante proyecto de ley del CNE

El CNE propone reformas clave para la financiación electoral en Colombia. Busca prohibir efectivo en campañas, exigir transparencia financiera y limitar el aval de partidos a candidatos por firmas.

Por Ismael Guerra de la Ossa Importantes las tres reformas que plantea el proyecto de ley estatutaria que presentó al Congreso de la República el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las tres reformas puntuales que contiene dicho proyecto son: prohibición de aportes y manejo de dineros en efectivo durante las campañas; obligación de rendición pública de cuentas sobre información financiera en la etapa de recolección de firmas y prohibición de que los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos reciban aval de un partido político para participar en la misma elección. Con la primera prohibición se busca que el CNE pueda realizar una trazabilidad completa de cada etapa de la financiación de las campañas. A través de la segunda reforma se pretende que el CNE pueda conocer el origen y el destino de cada uno de los aportes para evitar la influencia de dineros ilícitos así como la violación de los topes electorales, mientras que con la tercera reforma se busca ponerle un poco de contención a este mecanismo de participación política que aunque está previsto en la Constitución, se ha convertido en una forma de hacer campaña electoral de manera anticipada, es decir, mucho antes de cuando las normas actuales lo establecen. Aprobada esta reforma existirá una limitación clara: quienes se inscriban por un comité para recoger firmas no podrán recibir posteriormente el aval de un partido político legalmente constituido para participar en una elección. Se le pondrá entonces coto a este mecanismo y seguramente no seguirán creciendo de manera alarmante como está ocurriendo. En 2023, por ejemplo, hubo 1569 solicitudes de inscripción de candidatos bajo esta figura, algo desproporcionado. En términos generales, este proyecto de ley estatutaria presentado por el CNE a consideración del Congreso, tiene como finalidad primordial, modificar la Ley 1475 de 2011, con el propósito de “garantizar la transparencia en la financiación de las campañas electorales y fortalecer la capacidad de la autoridad para su supervisión y control”. De manera que ojalá los congresistas de todos los partidos con asiento en el Legislativo le den la importancia que merece para que así se vaya perfeccionando aún más nuestro sistema democrático. Naturalmente, ojalá también su aprobación se haga ajustada a las normas que rigen el proceso legislativo para que no lo tumbe la Corte Constitucional como ha ocurrido con reformas de esta índole.