¿Ha avanzado realmente la Agenda Nacional Campesina?

La lucha campesina en Colombia, con avances legales históricos, contrasta con el incumplimiento estatal. Un informe revela que la mayoría de acuerdos no se cumplen, afectando a comunidades rurales.

Por Luis Ramiro Ricardo Buelvas* La lucha del campesinado por la tenencia de la tierra ha marcado la historia de Colombia en los siglos XX y XXI. Desde las protestas en Sumapaz en 1928 hasta su reconocimiento como sujeto de especial protección constitucional con el Acto Legislativo 01 de 2023, se han logrado avances jurídicos significativos, destacando su inclusión, por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Sin embargo, estos logros contrastan con la dura realidad en los territorios rurales, donde las condiciones de vida siguen siendo precarias y las promesas estatales no se traducen en cambios concretos. La brecha entre el discurso y la acción se evidencia en el más reciente informe de la Contraloría General de la República sobre el seguimiento a los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las comunidades campesinas en espacios de diálogo social. El documento revela que, de los 473 acuerdos firmados en 56 espacios de concertación, el 69,4 % (328) no tiene registro de seguimiento, solo el 26,3 % (125) presenta algún tipo de monitoreo, y apenas el 4,3 % (20) ha sido cumplido. Cabe resaltar que, 331 acuerdos (70 %) fueron concertados bajo el actual gobierno, lo que confirma un patrón de incumplimiento que debilita la confianza del campesinado en las instituciones. Los 473 acuerdos recaen principalmente en el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras, entidades encargadas de impulsar proyectos productivos, facilitar el acceso a tierras y gestionar financiamiento. Resulta alarmante que, en lo corrido de 2024, solo el 6 % de los acuerdos haya recibido supervisión, pese a que el 58 % estaban en ejecución o presentaban retrasos, demostrando la deficiente articulación institucional. La deficiente coordinación entre entidades ha generado demoras que obstaculizan la materialización de los compromisos, afectando directamente a las comunidades rurales que dependen de estos programas para mejorar sus condiciones de vida. Desde la curul especial de paz de los Montes de María, exijo establecer mecanismos efectivos de monitoreo y evaluación que garanticen el cumplimiento de los acuerdos y brinden soluciones concretas a las comunidades rurales. Sin una verdadera articulación interinstitucional y mayor transparencia en la ejecución de los programas, la sociedad rural seguirá atrapada en un ciclo de promesas incumplidas. Si el Estado no pasa de los discursos a los hechos, el diálogo social perderá su valor y las movilizaciones continuarán siendo la única alternativa para exigir lo que, por derecho, les pertenece. Representante a la Cámara* CITREP 8. Montes de María