EPS: Empresas Promotoras de la Muerte y la Corrupción

El debate sobre la reforma de salud en Colombia ignora la problemática de las EPS, acusadas de ser instrumentos de muerte y corrupción. Demoras y negligencia atentan contra la vida de pacientes.

Por Jacobo Quessep Espinosa En una de mis columnas pasada manifesté mi preocupación porque en Colombia el debate sobre la reforma del sistema de salud ha sido intenso y controvertido, pero ha dejado un tema crucial sin resolver: la existencia de las EPS (Empresas Promotoras de Salud). Estas entidades, lejos de cumplir su objetivo de promover la salud, se han convertido en instrumentos de muerte y corrupción, afectando gravemente la vida de los ciudadanos. A lo largo de los años, las EPS han sido responsables de más muertes que el mismo conflicto político en nuestro país, un hecho que debería encender todas las alarmas. Las EPS, bajo la excusa de controlar el gasto, han implementado políticas que atentan directamente contra la vida y la salud de los colombianos. Las demoras en la autorización de procedimientos, exámenes y en la entrega de medicamentos no son simples fallas del sistema, sino prácticas deliberadas que ponen en peligro la vida de los pacientes. Esta negligencia se convierte en una sentencia de muerte, especialmente para aquellos que padecen enfermedades graves o terminales. Además de poner en riesgo la vida de los ciudadanos, las EPS han provocado la quiebra sistemática de hospitales y clínicas. Estas instituciones, que son el último refugio de los pacientes, se ven atrapadas en un círculo vicioso: las EPS retrasan los pagos por los servicios prestados, lo que lleva a la insolvencia y eventual cierre de los centros de salud. Mientras tanto, los pacientes quedan desamparados, enfrentando la doble tragedia de una enfermedad sin tratamiento y la falta de acceso a servicios médicos esenciales. A pesar de esta realidad devastadora, las EPS siguen existiendo y operando con total impunidad. La razón de su supervivencia radica en los intereses políticos que se esconden tras estas entidades. Muchas EPS son propiedad de políticos lo que les proporciona un blindaje impenetrable. Estos políticos, que deberían velar por el bienestar de la población, utilizan su poder para proteger sus propios intereses económicos, a expensas de la salud de los ciudadanos. El verdadero negocio de las EPS no radica en las utilidades directas que generan, sino en la corrupción que se esconde tras bambalinas. Los políticos dueños de EPS también son propietarios de clínicas privadas que contratan exclusivamente con sus propias EPS. Este esquema de contratación "yo con yo" asegura que las clínicas de su propiedad reciban pagos puntuales, mientras que otras clínicas, especialmente las públicas, son abandonadas a su suerte. Así, el dinero de los colombianos es desviado por la puerta trasera, alimentando un círculo de corrupción que cuesta vidas. Es urgente que los órganos de control, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, redoblen sus esfuerzos en investigar estos casos. No basta con vigilar la puerta de delante; es necesario indagar quiénes son los verdaderos propietarios de las redes de servicio en Colombia y cómo se benefician de su relación con las EPS. Solo así podremos desmantelar este perverso nudo de corrupción que ha convertido a las EPS en verdaderas empresas promotoras de la muerte en nuestro país.