Enfoque diferencial para feminicidios

Ante el aumento de feminicidios en Colombia y una ley que endurece las penas, urge reducir la violencia de género. Datos revelan 90 casos en 2024 y lentitud judicial.

Por Manuel Cadrazco Martelo Con dos feminicidios que han alarmado al país en los días recientes, y con la sanción presidencial de una ley que elimina los beneficios para las personas condenadas por este delito, nuevamente el enfoque de como reducir estos casos surge. Los feminicidios se diferencian de otros tipos de violencia en el sentido de que estos son llevados a cabo por motivos ligados al género; muchas veces ligados a temas de pareja o discriminación. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2024, se registraron 90 feminicidios en Colombia. De estos, en 61 casos los agresores fueron presuntamente parejas o exparejas de las víctimas. Las estadísticas subrayan la gravedad de la situación, con Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Bogotá siendo los departamentos con mayor incidencia. Así mismo, en 2023 se emitieron 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones de violencia intrafamiliar, y 848 alertas por amenazas de feminicidio. Estas cifras reflejan un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres, especialmente aquellas entre 18 y 59 años, quienes representaron el 88% de los casos de feminicidio en 2023. Bogotá lideró el ranking de feminicidios con 149 casos en 2023, un incremento del 31.8% respecto a 2022; le siguen Valle del Cauca con 82 casos y Antioquia con 73. Sin embargo, la lentitud judicial es evidente: el 54% de los casos están en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en juicio y solo el 7.3% en ejecución de penas, fomentando así un entorno de impunidad. Para enfrentar y prevenir los feminicidios, es vital adoptar medidas de política pública concretas. En primer lugar, la creación de una base de datos nacional unificada sobre casos de violencia de género y feminicidios, que permita un seguimiento preciso y la elaboración de políticas basadas en datos reales. En segundo lugar, es imperativo establecer protocolos de actuación rápida y coordinada entre diferentes instituciones, como la policía, servicios sociales y organizaciones de la sociedad civil, para proteger de manera inmediata a las víctimas de violencia. Finalmente, se deben implementar campañas de sensibilización masivas y continuas en medios de comunicación y redes sociales, dirigidas a desnormalizar la violencia de género y promover la denuncia temprana, involucrando a la sociedad en su conjunto en la lucha contra este grave problema.