Elecciones 2026 entre sangre, violencia y fuego

Aún no sabemos si el próximo año se podrán realizar las elecciones en Colombia. La pregunta suena fuerte, casi apocalíptica, pero la realidad nos arrastra a considerar escenarios que hace apenas una década parecían improbables.

Por Silverio José Herrera Caraballo Aún no sabemos si el próximo año se podrán realizar las elecciones en Colombia. La pregunta suena fuerte, casi apocalíptica, pero la realidad nos arrastra a considerar escenarios que hace apenas una década parecían improbables. El país se encuentra en un estado de convulsión en materia de seguridad que amenaza con desbordar la capacidad del Estado y de sus instituciones para garantizar algo tan básico como el ejercicio libre y seguro de la democracia. Colombia, sencillamente, parece hoy sin rumbo ni timonel. El panorama es oscuro: asesinatos de líderes sociales, amenazas constantes a candidatos de oposición, incremento de secuestros y extorsiones, y una violencia que se recrudece en el campo mientras las ciudades se ven cada vez más sitiadas por el crimen organizado. Lo más grave es que los responsables de conducir el país prefieren la retórica a la acción, los discursos interminables a las decisiones firmes. El actual gobierno no ha logrado aterrizar, no ofrece claridad sobre el futuro inmediato y, por el contrario, ha generado un clima de incertidumbre que alimenta el miedo y la desconfianza. Los cultivos ilícitos, motor financiero de las organizaciones terroristas y criminales, han alcanzado cifras alarmantes. En lugar de reducirse, se expanden como una mancha imparable que financia el accionar de guerrillas, disidencias y bandas armadas. Las políticas gubernamentales han fracasado en contener este flagelo. Se habla de sustitución, de proyectos alternativos, de inversión social, pero sobre el terreno lo que se ve es coca floreciendo a manos llenas y laboratorios multiplicándose en las selvas. El narcotráfico, en lugar de retroceder, ha ganado espacio, y con él, los grupos que desafían la soberanía del Estado. La democracia, mientras tanto, se encuentra sitiada. La amenaza contra candidatos opositores no es un fenómeno aislado, es una práctica sistemática que busca silenciar voces, imponer miedos y restringir la participación política. El asesinato selectivo vuelve a ser noticia recurrente, y lo más preocupante es que la mayoría de esos crímenes aún no han sido esclarecidos. La impunidad reina y el mensaje es claro: en Colombia se puede matar sin consecuencias. Eso destruye la confianza ciudadana y deja en entredicho la capacidad de las autoridades para garantizar elecciones libres. En el plano internacional, el aislamiento también se siente. Con los países ideológicamente afines al gobierno, las relaciones parecen marchar en calma, al menos en apariencia. Pero con el resto del mundo, especialmente con aquellos socios históricos que han sido vitales para la cooperación en materia de seguridad y economía, las tensiones son evidentes. Colombia, que solía ser vista como un aliado estratégico, hoy aparece como un socio poco confiable, enfrascado en disputas internas y sin un horizonte claro. El deterioro de estas relaciones pone en riesgo no solo el apoyo financiero y logístico para la lucha contra el crimen organizado, sino también la estabilidad de la economía nacional. En medio de este panorama, cabe preguntarse: ¿están dadas las condiciones para unas elecciones transparentes y seguras en 2026? La respuesta no puede ser un simple sí o no, sino un llamado urgente a reflexionar sobre lo que está en juego. La democracia colombiana, con todos sus defectos, ha resistido décadas de violencia, corrupción y narcoterrorismo. Pero hoy enfrenta un reto distinto: sobrevivir a un gobierno que parece más preocupado por mantener su narrativa política que por enfrentar los problemas estructurales que amenazan la estabilidad del país. El pueblo colombiano de bien, ese que madruga a trabajar, que levanta al país pese a las dificultades, no puede quedarse al margen de este debate. No se trata de ideologías, ni de bandos, ni de colores políticos. Se trata de la supervivencia de la democracia y de la defensa de un país que, con todos sus errores, aún tiene derecho a soñar con un futuro mejor. Permitir que Colombia retome el rumbo es responsabilidad de todos, no solo de los gobernantes. El tiempo apremia y el 2026 está a la vuelta de la esquina. La violencia arrecia, el fuego no cesa, la sangre de inocentes se derrama cada día en campos y ciudades. Frente a esto, no podemos permitir la resignación ni la indiferencia. La historia nos ha demostrado que cuando los buenos callan, los malos avanzan sin freno. Que esta reflexión quede sembrada en la conciencia nacional: es hora de que la democracia se sostenga, que el bien triunfe sobre el mal, y que Colombia, una vez más, encuentre en la unidad de su pueblo el timón que sus gobernantes han perdido. El futuro no puede escribirse entre sangre, violencia y fuego. Debe escribirse en las urnas, en libertad y con esperanza.