Elección de Fiscal: Intereses, polémicas e incapacidades

La elección del Fiscal General de Colombia enfrenta demoras y controversias. El proceso, marcado por reemplazos y llamados, exige celeridad y transparencia para asegurar la estabilidad institucional.

Por: Aldemar Alfaro La Constitución Política de Colombia es la que establece las reglas de la elección del Fiscal General de la Nación; lo primero es una terna que presenta el Presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia, dicha terna en principio tuvo su primer revés cuando el presidente Gustavo Petro hizo el reemplazo de Amparo Cerón por Luz Adriana Camargo, motivado el jefe de Estado por cuestionamientos al papel desempeñado por Cerón en la investigación por Odebrecht. Este reemplazo, por demás constitucional y legal en ejercicio de las facultades de Petro, fue objeto de un conjunto de acciones constitucionales en contra del alto tribunal, por haber aceptado dicho reemplazo, lo cual finalmente fue resuelto favorablemente para el Presidente. Confirmada la terna y verificado los requisitos por parte de la Corte, se debe elegir en sala plena la persona que guiará la Fiscalía General de la Nación, por cuatro años, que por primera vez se envía una terna conformada por mujeres. Hace más de cuatros meses desde que la terna fue enviada a la Corte y no se ha elegido nuevo fiscal, lo que sería cuestionable, en razón a que los principios que orientan la función pública y la justicia demandan celeridad, eficiencia y eficacia. La votaciones en la Corte Suprema de Justicia, se encuentra reglamentada por el Acuerdo No. 006 de 2002, donde si en una primera votación ninguno de los candidatos obtiene la mayoría necesaria, que son el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes esto es 16 votos, se procede inmediatamente a una segunda ronda, si en esta tampoco resultare electo, se someten a una tercera ronda en sesión posterior, técnicamente no existe un límite de tiempo ni de rondas para la elección de fiscal, lo que históricamente ha llevado inclusive a unas 12 rondas, y a más de 18 meses como ocurrió en el segundo periodo de Álvaro Uribe, a quien nunca le eligieron fiscal en este periodo. Lo cierto es que el cargo de Fiscal General de la Nación, es político, siendo una elección que tiene un peso en nuestro estado social de derecho. Es considerada el segundo poder más importante en Colombia. Hoy la discusión ni siquiera es por las condiciones personales y profesionales de quien la integra. Y es aquí donde debe pensarse en una reforma a la justicia, no solo alrededor de la forma y los tiempos cómo se elige el Fiscal General, sino también la disminución de sus poderes. Desconocer la corrupción que ha enarbolado esta institución es tener los ojos vendados, y aquí viene una crítica al Congreso de la República que ha sido incapaz por décadas de recomponer el funcionamiento de los poderes de los órganos de control tan necesaria no solo en la Fiscalía General de la Nación, sino Procuraduría General, Contraloría General e inclusive la misma Rama Judicial. Creo que es momento de la calma y serenidad de todos los actores políticos, pues la tradición jurídica colombiana indica que la Corte Suprema de Justicia se toma unos tiempos en la elección del fiscal General de la Nación, sin embargo, dado el momento histórico que vivimos en el territorio nacional, una elección pronta coadyuvará a mantener nuestra estabilidad institucional hoy incólume, no dejando de ser necesario también que en todo tiempo se respete la integridad y separación de los poderes públicos. Así las cosas, no es momento de ataques políticos, como si se tratara, por parte de muchos, buscar protagonismo como si esto se tratara de elegir un fiscal que sirva un sector en específico y no a trabar en contra del delito y la impunidad en Colombia. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que acelere la selección de un titular de la Fiscalía General de la Nación “sin interferencias”, un llamado que evidentemente es para todas las partes. Y es que, por supuesto, la Corte tiene claro que el proceso de selección del próximo titular de la Fiscalía debe realizarse, con transparencia y acceso a la información, asegurando los criterios de igualdad, no discriminación, formación y mérito. Sabe también que dicho proceso debe realizarse libre de todo tipo de interferencia, asedio o presiones indebidas. Lo cierto es que más temprano que tarde, la Corte de seguro cumplirá con su deber constitucional y finalizará el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible. Tanto ha llamado la atención el tema que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinden las garantías en este proceso. "La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo", fue el mensaje. En definitiva, todo lo ocurrido nos debe llevar a la reflexión y a la calma, porque más allá de cuando sea elegido y quien sea la elegida, el titular del ente de investigación en Colombia deberá estar en pro de todos los ciudadanos, sin diferencia alguna.