Economía azul

Con más de 3.000 kilómetros de costas y una superficie marítima que representa el 44% del territorio nacional, el país sigue sin asumir plenamente su vocación oceánica.

Por Manuel Andrés Cadrazco Martelo Con más de 3.000 kilómetros de costas y una superficie marítima que representa el 44% del territorio nacional, el país sigue sin asumir plenamente su vocación oceánica. La economía azul —ese enfoque que busca aprovechar los recursos marinos de forma sostenible— no es una moda ambiental: es una urgencia estratégica, económica y geopolítica. Hoy, apenas el 13% de las áreas marinas están protegidas, y muchas carecen de planes de manejo efectivos. La sobrepesca, la contaminación por plásticos, el turismo desordenado y la minería ilegal amenazan ecosistemas clave como los arrecifes coralinos, los manglares y las praderas marinas. Pero más allá del daño ambiental, lo que está en juego es una oportunidad de desarrollo territorial, comercio exterior y soberanía alimentaria. El mar es también infraestructura comercial. Más del 90% del comercio internacional colombiano se moviliza por vía marítima, pero los puertos del Pacífico y el Caribe enfrentan desafíos de conectividad, logística, digitalización y sostenibilidad. La economía azul implica repensar el transporte marítimo: energías limpias, trazabilidad ambiental, puertos inteligentes y cadenas de valor que integren a las comunidades costeras. Además, Colombia tiene un potencial inmenso en exportaciones de productos marinos con valor agregado: pesca sostenible, biotecnología, cosméticos marinos, algas comestibles, turismo científico y servicios de investigación oceánica. Pero para competir globalmente, se necesita inversión en ciencia oceánica, certificaciones ambientales, diplomacia comercial azul y acuerdos regionales que reconozcan el valor estratégico de los corredores ecológicos marinos. Más de 2 millones de personas viven en zonas costeras, muchas en condiciones de pobreza. Integrarlas como protagonistas de la economía azul no solo es justo, sino inteligente. La experiencia internacional muestra que los modelos de conservación con participación comunitaria son más eficaces y duraderos. La economía azul debe ser también una economía de justicia: redistribuir beneficios, reconocer saberes locales y garantizar acceso equitativo a los recursos. La economía azul también es una herramienta de soberanía. En un mundo donde los océanos son escenario de disputas geopolíticas, Colombia puede liderar en América Latina una agenda de cooperación marítima, vigilancia contra delitos ambientales, defensa de sus derechos sobre áreas estratégicas y protección de corredores migratorios marinos. El mar no es solo paisaje ni frontera: es territorio, es futuro. Colombia necesita una política azul que combine conservación, innovación, justicia territorial y competitividad. Porque cuidar el océano no es solo proteger la biodiversidad: es garantizar bienestar, resiliencia y soberanía para las próximas generaciones.