Descentralizar no es simplemente repartir

El 15 de diciembre del 2025, se radicó en la Cámara de Representantes, el proyecto de Ley de Competencias. Se presenta como una apuesta por la equidad territorial. Sin embargo, “Descentralizar” implica reconocer que Colombia arrastra brechas históricas sociales, económicas e institucionales, que no se resuelven solo con fórmulas aritméticas y nuevas categorías que aplican exclusivamente a una porción de la bolsa del Sistema General de Participaciones, llamada SGP incremental. Nuestro modelo territorial ha oscilado entre la narrativa de la autonomía y la realidad del centralismo. Las regiones han reclamado durante años mayor capacidad de decisión, pero también mayor respaldo fiscal y técnico. El debate actual, sin embargo, se mueve peligrosamente entre dos extremos. Por un lado, quienes ven en la ley una oportunidad histórica para cerrar desigualdades, y por otro, quienes advierten que podría tensionar la sostenibilidad fiscal en un momento macroeconómico delicado. La equidad no es uniformidad. Es reconocimiento de las diferencias. Y reconocer la diferencia implica aceptar que no todos los territorios están en capacidad de asumir nuevas competencias al mismo ritmo. Transferir responsabilidades sin asegurar suficiencia financiera, asistencia técnica y fortalecimiento institucional puede terminar ampliando las brechas que se pretende cerrar. El contexto político-electoral complejiza aún más el escenario. En tiempos de campañas, prometer más recursos territoriales tiene una fuerza simbólica innegable. Incrementar el peso de las transferencias sobre los Ingresos Corrientes de la Nación impacta directamente el margen de maniobra del Gobierno Nacional, la regla fiscal y la senda de deuda. El próximo gobierno, sea cual sea su orientación ideológica, heredará no solo la ley, sino también el compromiso de financiarla en un entorno macroeconómico que exige disciplina y crecimiento sostenido. En este punto, el debate sobre el salario mínimo adquiere relevancia estratégica. Cada incremento significativo, más allá de la inflación y la productividad, tiene efectos directos sobre el mercado laboral formal, los costos empresariales y la generación de empleo. Desde la perspectiva del sector privado, un salario mínimo elevado sin un crecimiento robusto puede afectar la competitividad y limitar la expansión de la base productiva que, en última instancia, alimenta los ingresos tributarios del Estado. Si la economía no crece de manera sostenible, los ingresos corrientes no crecerán al ritmo necesario para sostener mayores transferencias territoriales. Es decir, las decisiones sobre salario mínimo, crecimiento económico y descentralización fiscal no son debates aislados. Forman parte de una misma ecuación. Y un país que aumenta costos laborales sin mejorar productividad puede afectar el dinamismo empresarial que sostiene el recaudo. El verdadero desafío para el próximo gobierno será armonizar estas variables en un nuevo escenario macroeconómico: crecimiento moderado, presiones sociales legítimas y mayores compromisos territoriales. Cerrar brechas no es solo un acto normativo. Es una política de Estado que exige coherencia entre competencias, recursos, capacidades y crecimiento. Descentralizar, en últimas, es asumir la responsabilidad de gobernar la diversidad. Y esa responsabilidad no admite coyunturas electorales.