Defensora del derecho a la salud

Entre 2022 y 2024, los jueces colombianos protegieron el derecho a la salud en más del 65% de las tutelas, según el presidente de la Corte Constitucional. Además, la Corte ordenó al Minsalud replantear el cálculo de la UPC.

Por Ismael Guerra de la Ossa En recientes declaraciones de prensa el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, nuevo presidente de la Corte Constitucional, dijo: “En 2022, de las 633.463 tutelas presentadas, el 24,79 % (156.274) buscaban la protección del derecho a la salud, y de éstas, los jueces de primera instancia protegieron dicho derecho en el 63,40 % (99.080) de los casos. En 2023, de las 742.876 tutelas, el 26,72 % (197.609) se relacionaron con el derecho a la salud y los jueces de primera instancia protegieron este derecho en el 65,47 % (129.378) de los casos, Finalmente, en 2024, de 859.298 tutelas presentadas, el 28,90 % (247.129) correspondió al derecho a la salud y los jueces de primera instancia lo protegieron en el 66,21 % (163.626)”. Resumiendo, entre 2022 y 2024 los jueces de primera instancia dictaron sentencias protegiendo el derecho a la salud de los colombianos en 601.012 casos siendo entonces el promedio general de resolución a favor de los tutelantes del 65,02 %. Es decir, en más del 65 % las tutelas encaminadas a que se ampararan derechos a la salud prosperaron en los estrados judiciales, un balance altamente positivo que induce, además, a confiar en la rama judicial la protección de este derecho que desde la Sentencia T-760 de 2008, es considerado un derecho autónomo, irrenunciable y de carácter fundamental, ratificado en la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de la Salud. A este caso sobre la importancia de la rama judicial en lo concerniente al respeto al derecho a la salud, se suma, indudablemente, las recientes decisiones de la Corte Constitucional mediante las cuales se ordenó al Ministerio de Salud que se replantee el cálculo de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), y que se paguen 819 mil millones de pesos adeudados por los presupuestos máximos de 2022. Los $1.3 billones que Minsalud debe pagar por los presupuestos máximos de 2024 y 1.6 billones que debe pagar por el mismo concepto, pero correspondiente al 2025, a lo cual se rehusaba el citado ministerio cuyo titular Guillermo Alfonso Jaramillo tuvo que aceptar a regañadientes ante la orden perentoria de la Corte Constitucional y concretamente de la Sala Especial de Seguimiento a cargo del magistrado José Fernando Reyes. Se erige entonces así la rama judicial como clara defensora del derecho a la salud.