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Opinión

De su propia pócima

Ismael Guerra de la Ossa
Ismael Guerra de la Ossa
Columnista
26 de enero de 2026

En Colombia el funcionario más obligado a cumplir la constitución, la ley y los fallos de la Justicia, es el presidente de la República...

Por Ismael Guerra de la Ossa En Colombia el funcionario más obligado a cumplir la constitución, la ley y los fallos de la Justicia, es el presidente de la República, pues sobre sus hombros recae la mayor responsabilidad en el respeto a la institucionalidad. En nuestro país, el presidente Petro no ha sido un modelo en el cumplimiento de lo que ordena la Carta Magna, las leyes y en el acatamiento de los fallos judiciales. Sobre lo primero, el actual presidente se ha pasado por la faja lo preceptuado en la Carta Superior en muchos casos. Traigamos a colación solo unos pocos. La Constitución ordena que para citar a una consulta popular se requiere la aprobación previa del Congreso y el presidente Petro desconoció ese mandato legal y el año pasado convocó a una consulta por decreto, es decir, desconociendo la Constitución. Después decretó una reforma a la salud, también por decreto, llevándose con los pechos lo estatuido en la Constitución que estatuye que debía hacerse a través del Congreso. En cuanto a los fallos de la Justicia han sido muy recurrentes los incumplimientos de decisiones de tutela que le han ordenado rectificaciones al primer mandatario de la Nación sin que las haya cumplido. Unos de esos tantos casos han sido las órdenes que le han impartido jueces de tutela para que rectifique afirmaciones calumniosas emitidas por él contra la familia Vargas Lleras y lo cual ha sido desacatado por Petro. Y volviendo a los desconocimientos de las normas constitucionales, la propia reciente reforma tributaria que Petro puso en vigencia por decreto, dicen connotados juristas, que fue una violación flagrante de la Carta Magna, pues la aprobación de impuestos en nuestro país es función del Legislativo y no del Ejecutivo. Con todos estos antecedentes, hay que llegar a la conclusión de que la posición que han asumido la mayoría de los gobernadores del país con respecto a dicha reforma tributaria no es más que un ejemplo que les ha puesto el propio Petro en cuanto a desconocer normas legales. Tales mandatarios regionales han tomado la decisión de no acatar lo ordenado en dicha reforma alegando que es inconstitucional, acogiéndose entonces al principio de excepción de inconstitucionalidad. Pero, además, estos gobernadores no hacen otra cosa que hacer lo mismo que ha hecho Petro anteriormente, es decir, le están dando de su propia pócima.