De los delitos y las penas

En Colombia, la justicia enfrenta cuestionamientos sobre su aplicación. Hurtos menores reciben castigos severos, mientras que desfalcos millonarios parecen diluirse. ¿Es justa la ley?

Por Silverio Herrera Caraballo En estos momentos coyunturales que está viviendo Colombia, solo por hacer un ejercicio académico, podríamos realizar un corto recorrido por las cárceles en todo el territorio nacional para indagar sobre delitos y las penas respectivas. No sería raro encontrar a muchos condenados por hurtos de mínimas cuantías, “aquel que se metió a robar a una finca una gallina o un marrano”, porque no tenía para alimentar a sus hijos (sin que esto suene a apología al delito, el ejemplo es meramente académico e ilustrativo), pero fue capturado, puesto a disposición de la autoridad competente, enjuiciado y condenado a una pena privativa de la libertad, eso es legal pues es el imperio de la ley, se cometió una falta y hay que castigarla. Pero también encontramos casos de cuantiosísimos desfalcos y robos al Estado en su gran mayoría donde el proceso penal, siendo el mismo, en cuanto al procedimiento, no lo es así en cuanto al tratamiento del infractor. ¿Es eso acaso señal de estratificación en el proceso judicial, o de los delitos como tal? Legalmente no, pero en la práctica, para el ciudadano de a pie, esta es la percepción. de quienes sin conocer de leyes repiten la frase “la ley es pa' los de ruana”. ¿La pregunta que queda en el aire es, si es justa la ley en nuestro país? Este es el caso de los grandes escándalos pasados y presentes en el país, desfalcos multimillonarios cometidos por personas de la élite, de apellidos rimbombantes, formados en las más prestigiosas universidades, miembros de los más ilustres círculos sociales, políticos y empresarios; protagonistas de conductas atípicas, que merecen como el primer ejemplo expuesto en este artículo, un castigo ejemplar, pero, en estos casos observamos largas investigaciones, procesos con la participación de abogados de las mejores firmas del país, donde los delitos son graves y que a la postre se vuelven procesos donde los grandes medios del país se hacen participes como cuasi actores principales, casi con poder de decisión. Es aquí donde traigo a colación el concepto del Maestro Beccaría, quien entiende que la falta de proporción entre delitos y penas además de injusto es socialmente perjudicial, porque ante delitos de igual pena y de diferente gravedad, el delincuente se inclinará siempre por el más grave que probablemente le reportará un mayor beneficio o satisfacción”.