De ciertas normas

Los partidos políticos, pilares del Estado, representan la opinión pública y aspiran al poder. La obligatoriedad de definirse como gobierno u oposición limita su función natural y la libertad ideológica.

Por: Roberto Samur Esguerra. Uno de los elementos del Estado son los Partidos Políticos. Ellos se encargan de encausar la opinión pública y de representarla en las instituciones administrativas y de elección popular, tal como se desprende de la facultad de expedir avales sin los que es imposible aspirar a conformarlas. Cada uno de ellos, ojalá pocos (aquí ya hay 33), contiene ideales, según su particular concepción del Estado, lo que entraña aspectos filosóficos, sociales, económicos y religiosos que el ciudadano comparte, ojalá solo por la fuerza de la convicción. En los países con mayor estructura democrática de corte occidental, solo existen dos partidos fundamentales. En los de menor, solo uno, como en las dictaduras de cualquier pelambre, especialmente las socialistas. Los ejemplos, en ambos casos, son conocidos, pero para efectos de esta nota, situémonos en Estados Unidos, que es de donde tomamos el modelo constitucional presidencial que hoy nos rige. Y solo para recordar que allá no existe una norma que obligue a sus dos únicos partidos a declararse como de gobierno, oposición o independencia cada vez que el péndulo favorece a los republicanos o a los demócratas en el ejercicio del poder, sin perjuicio de que, en ciertos casos de evidente interés nacional, el Gobierno reciba el apoyo de ambas colectividades. Pero también en el Reino Unido, con sistema diferente, donde el poder emana del Parlamento, según la mayoría que allí alcance uno de sus dos partidos tradicionales, sin necesidad de una declaratoria de ubicación, puesto que su propia estructura implica una oposición al partido triunfador. Nuestro Frente Nacional (1958--1974) se configuró bajo el concepto pacifista de la reconciliación política. Por eso se estableció la paridad en todos los cargos públicos y la alternancia en la Presidencia. Aun así, la división interna de los partidos ocasionó una dura oposición al Gobierno, como la que le hizo López Michelsen al presidente Valencia (62-66); el alvarismo al presidente Lleras Restrepo (66—70), luego todo el partido al presidente Barco, (86—90), sin necesidad notarial, como lo exige hoy la ley 1475 de 2011 cuando obliga a los partidos a manifestar expresamente  tan absurda declaratoria, con las consecuencias que ahora estamos viviendo, con la ruptura de una coalición que nunca debió darse, por lo menos mediante inclusión del partido conservador--por definición opuesto al pensamiento del actual Gobierno--ahora tardía y timoratamente declarado independiente. Esta experiencia debería aprovecharse para que el Congreso, por unanimidad, avoque la derogatoria de esa norma y deje que los partidos operen con total libertad en su función de acompañar o no las iniciativas oficiales, consultando el interés nacional, claro, pero también su propia ideología. Y, ya no bajo una imposición de gobierno, ni de la de ciertas normas.