Conectividad en riesgo: entre la salida del Estado y la fragilidad del mercado

En los últimos días, dos hechos aparentemente desconectados han reconfigurado silenciosamente el panorama de las telecomunicaciones en Colombia. Por un lado, el Estado vendió su participación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel), marcando su salida definitiva del negocio de servicios al usuario final. Por otro, el operador Azteca Comunicaciones, responsable de una red troncal clave para el país, enfrenta una situación financiera que pone en riesgo la continuidad del servicio en cientos de municipios. Lejos de ser eventos aislados, estos movimientos reflejan un cambio estructural en la forma en que Colombia entiende la conectividad digital: el paso de un modelo con participación estatal directa a uno dominado casi exclusivamente por el mercado. La decisión de vender Coltel puede tener sentido desde una lógica de optimización de activos públicos. En un entorno competitivo, el Estado no necesariamente debe ser operador. Sin embargo, esta salida también implica una renuncia a instrumentos de intervención directa en un sector estratégico. A partir de ahora, la capacidad del Estado para incidir en el mercado dependerá casi exclusivamente de la regulación, la política pública y los incentivos económicos. Y ahí es donde surge la preocupación. La crisis de Azteca Comunicaciones pone en evidencia una debilidad estructural: la conectividad en muchas regiones del país depende de infraestructuras críticas operadas por un número reducido de actores privados. Esta red, que conecta cerca de 893 municipios, no es simplemente un negocio; es el soporte de servicios esenciales como educación, salud, seguridad y administración pública en territorios donde no existen alternativas viables. Si esta infraestructura falla, no estamos ante un problema empresarial, sino ante un riesgo sistémico. En este contexto, la salida del Estado del mercado coincide con una mayor concentración de actores privados y con señales de fragilidad en algunos operadores. El resultado es una tensión que la política pública aún no ha resuelto: cómo garantizar conectividad universal en un modelo que depende cada vez más de la sostenibilidad financiera de empresas privadas, incluso en zonas donde el mercado por sí solo no es suficiente. Este no es un debate ideológico, sino técnico. La experiencia internacional muestra que los modelos exitosos de conectividad combinan mercado, regulación efectiva y un Estado fuerte en la gestión de infraestructura y riesgos. No se trata de que el Estado compita, sino de que asegure condiciones de resiliencia: redundancia de redes, continuidad del servicio y protección de las inversiones públicas. Hoy, Colombia enfrenta un desafío adicional. Durante años, la política de conectividad se concentró en ampliar cobertura. Sin embargo, los eventos recientes muestran que el acceso no es suficiente. La verdadera pregunta es si esa conectividad es sostenible en el tiempo.