Competitividad agropecuaria

En las últimas seis décadas, la productividad agrícola en América Latina y el Caribe se multiplicó más de cinco veces gracias a la expansión de la frontera ...

Por Manuel Andrés Cadrazco En las últimas seis décadas, la productividad agrícola en América Latina y el Caribe se multiplicó más de cinco veces gracias a la expansión de la frontera agrícola y a innovaciones tecnológicas. Sin embargo, entre 2010 y 2020 sólo el 26,5 % del crecimiento respondió a mejoras en eficiencia, mientras el resto se apoyó en un uso intensivo de tierra, mano de obra y agroquímicos. El último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre productividad compara los seis últimos decenios y revela una desaceleración en 2010-2020 comparable a la “década perdida” de los ochenta. Aunque el aumento de capital físico —maquinaria, activos ganaderos— y de insumos fertilizantes han impulsado la producción, la merma en la inversión pública y privada en investigación y desarrollo mina la capacidad de innovar y abarca un peligroso estancamiento frente a desafíos futuros. Este agotamiento de eficiencia agrava la deforestación —vinculada al 90 % de la pérdida forestal regional—, la degradación de suelos, la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo, las familias campesinas sufren ingresos inestables e inequidades intergeneracionales cuando no logran elevar su productividad. Frente a estos riesgos, resulta indispensable articular políticas que integren productividad con resiliencia ecológica y justicia social. El BID destaca tres casos exitosos en la región: el programa PRODAF en Argentina, que despliega plataformas tecnológicas regionales; el proyecto CRIAR en Bolivia, que combina capacitación en manejo de suelos y gestión de riesgos; y PATCA en República Dominicana, que facilita financiamiento verde para prácticas climáticamente inteligentes. En cada ejemplo, la sinergia entre innovación focalizada, asistencia técnica y alianzas público-privadas potencia avances sostenibles y adaptados a realidades locales. De estas experiencias se desprenden ejes de política pública esenciales: robustecer la capacidad institucional local para evaluar y diseminar tecnologías; impulsar innovaciones limpias escalables según distintos climas; y la cooperación academia y sector privado. En el departamento de Sucre estas lecciones cobran especial relevancia. La creación de un Centro Departamental de Innovación Agropecuaria, asociado a universidades permitiría probar y escalar soluciones contextualizadas territorialmente. Sucre está ante un punto de inflexión: integrar innovación, inclusión y cuidado ambiental puede convertirlo en referente nacional de agricultura. Pasar de la dependencia de insumos a un crecimiento guiado por la eficiencia asegura el capital natural y fortalece el bienestar rural. Decisivas y basadas en datos, las políticas públicas serán clave para forjar un futuro resiliente, socialmente inclusivo y equitativo para las comunidades agrícolas.