La concesión de Aqualia iba por 20 años, de 2008 a 2028, pero los anteriores alcaldes donde opera la empresa le prorrogaron 10 años en 2019. Ahora va hasta 2038.

El muy regular servicio que presta la empresa Aqualia en 12 municipios del departamento produjo que se hiciera una tormentosa revelación en torno a la concesión de acueducto y alcantarillado: El 22 de diciembre de 2019 se prorrogó la concesión por 10 años más, cuando aún le faltaban ocho años para concluir y a los alcaldes salientes apenas les quedaban 8 días de mandato.

El haber extendido la prórroga de la concesión por 10 años más hace cada vez más complicado que se puedan tomar acciones jurídicas en contra de esa compañía, duramente cuestionada por las comunidades.

Los actuales mandatarios ya no saben qué hacer debido a todas las quejas por el servicio y no tienen las herramientas necesarias para exigir que se cumpla lo firmado en el contrato de concesión, por lo que se recurrió hasta la Defensoría del Pueblo, para que esta con sus buenos oficios pueda ayudar a que la gente, en pleno siglo 21, que tiene situaciones precarias para acceder el preciado líquido, pueda recibirlo sin problema. Es hora que la Superintendencia de Servicios Públicos haga algo.