Por Rafael Nieto Loaiza

Para justificar su propuesta de reforma, Petro y Corcho mienten diciendo que el de Colombia es uno de los peores sistemas de salud del mundo. Distintas fuentes sostienen que es uno de los mejores. Según la OMS, es el mejor de América y el vigésimo segundo del mundo. De acuerdo con Bloomberg, el décimo segundo en el planeta y solo debajo de Canadá en el Continente. El Haleon Report nos califica como sextos en producción de salud en sociedad y vigésimos en inclusión social. Para The Economist, lo hacemos aún mejor: seríamos el sexto país más inclusivo en el mundo.

En 2022, el sistema de salud alcanzó una cobertura del 99,6% y 24'745.934 ciudadanos estaban en el régimen subsidiado, haciéndolo el más progresivo y el de mayor cobertura en América. Y aún los usuarios más pobres son atendidos, sin costo diferencial frente a los más ricos, en las clínicas privadas de más renombre y prestigio. En fin, lo hacemos bastante bien en términos comparados.

Sin embargo, hay áreas de mejora. Acuerdo general en dos: la cobertura en las zonas rurales es insuficiente y es deseable más énfasis en la prevención.

En contra del adanismo gubernamental, en Colombia se vienen haciendo esfuerzos en materia de atención primaria en salud. Un mayor énfasis no sobra, pero la reforma está lejos de solucionar el desafío. Lo que sí es claro que el modelo venezolano de Barrio Adentro ha demostrado ser un fracaso. Y el mejor ejemplo del desastre en Colombia, vaya paradoja, fueron los "Territorios saludables" de Petro alcalde. La burocracia y la corrupción imperaron (de 8.000 contratados apenas mil eran médicos y enfermeras y los demás "enlaces comunitarios") y los indicadores en lugar de mejorar se deterioraron.

La reforma obliga a los ciudadanos a acudir a los llamados Centros de Atención Primaria que se crearían, uno por cada veinticinco mil habitantes, a cargo de las secretarías municipales. No solo su costo es indeterminado pero en cualquier caso inmenso y no hay equipos médicos y de enfermeras suficientes, sino que obligar al ciudadano a pasar por ahí para ser atendido es exactamente lo contrario a lo deseable: el ciudadano debería ser atendido en cualquier entidad de salud sin importar dónde se encuentre y, hoy, la EPS a la que se encuentre afiliado. No es difícil imaginar la baja en la calidad de la atención, peores demoras, un atasco monumental en el acceso a especialistas y procedimientos, y la corrupción del servicio por la necesidad de padrinos y enchufados que agilicen la respuesta estatal.

La propuesta pone en peligro el aseguramiento en salud, el corazón del sistema actual. La reforma elimina esa función para las EPS y la traslada al Estado, a través del Adres, las secretarías departamentales y municipales de salud y los Fondos Regionales de Salud.

La reforma hace ilusoria la libertad ciudadana de elegir el mejor sistema de salud: lleva a la eliminación de las EPS al volverlas inviables y a la estatización del sistema. Claro, eso que al ciudadano espanta, el monopolio público, es la razón porque a tanto politiquero le encantará la propuesta: muchos más recursos a merced de los burócratas y mucha más corrupción.