19 de septiembre de 2022 - 12:00 AM

Rivas endosaba cheques para que otros los cobraran

Rivas endosaba cheques para que otros los cobraran

Redacción. La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Guaranda Pablo Rivas Espitian, Danedis Acosta Martínez, quien era la tesorera del municipio, y Henry Matos López, exsecretario de Planeación.
La apertura de este proceso fiscal nació de una denuncia que hizo ante el ente de control Elkin Díaz Camacho, en calidad de apoderado de Rodrigo Lavado Martínez, que daba cuenta de unas presuntas irregularidades presentadas en la forma de pago del contrato, cuyo objetivo fue el mejoramiento, rehabilitación del tramo vial La Y de Los Garcero-desvío a San Jacinto del Cauca, Bolívar.
En esa denuncia, Díaz involucró a las anteriores personas, que fueron funcionarios de la Alcaldía de Guaranda, así como al interventor de la obra Tomas Silgado Hernández.

Hechos
Contó Díaz que el 9 de abril de 2018 se firmó el contrato en mención entre la Alcaldía de Guaranda, en cabeza de Rivas Espitian, como alcalde y Javier Domínguez Vergara, en calidad de contratista. Pero que el 17 de mayo de ese mismo año, el contrato se cedió (tuvo una cesión) entre Domínguez Vergara, como cedente, y Rodrigo Lavado Martínez, quien fungió como cesionario. Esta cesión se oficializó en la Notaría Primera del Círculo de Sincelejo.
Dicha cesión de crédito fue notificada a la Alcaldía, que posteriormente fue aceptada por el ente territorial a través de acto administrativo.
La obra la recibió el Municipio el 23 de mayo de 2019, a satisfacción. De esto dio fe el secretario de Planeación y el supervisor, que señalaron que el contratista cumplió a cabalidad con las obras especificas contenidas en el contrato.
Posteriormente se procedió el acta de liquidación del contrato y el cobro del excedente del contrato por parte de Lavado Martínez, pero este siempre recibió como respuesta del alcalde Rivas que no había dinero para cancelarle lo adeudado.
Como consecuencia de esta negativa Domínguez Vergara, a través de apoderado judicial, interpuso derecho de petición ante la Alcaldía solicitando el pago de lo adeudado, petición recibida por el funcionario Henry Montes el 9 de diciembre de 2019. De esto nunca recibió respuesta de la Alcaldía.

Elkin Díaz Camacho también denunció penalmente a estas personas por el presunto delito de concierto para delinquir. Estos cobraron al parecer unos dineros que no les correspondía.

A renglón seguido cuenta Díaz Camacho que ante la negativa de cancelar los dineros adeudados, Lavado Martínez también instauró un derecho de petición ante la Alcaldía solicitando el estado financiero de todo el proceso objeto del contrato. Pero tamaña sorpresa que ya el contrato había sido pagado en su totalidad a través de dos giros: uno el 13 de agosto de 2019, por valor de $290.000.000 y otro el 19 de noviembre de 2019, por $121.573.547,97 ambos girados a nombre de un tal Gustavo, sin apellidos y sin ninguna clase de soporte.
No obstante, tiempo después la Alcaldía respondió que los dineros fueron cancelados a Gustavo Adolfo Gómez Mercado, supuestamente en condición de cesionario.
“Esos pagos a Gustavo Adolfo Gómez Mercado fueron totalmente ilegales, como quiera que el cesionario del crédito legalmente constituido a través de un contrato notaria y aceptado por la Alcaldía era mi mandante (Rodrigo Lavado Martínez) tal y como consta en las pruebas que aporto a esta denuncia”, se deja leer en la denuncia.
Peor a lo anterior, indicó Díaz Camacho en la denuncia que, al momento de solicitar, a través de derecho de petición, el contrato de cesión de Gómez Mercado, la Alcaldía manifestó que este no existe, lo que demuestra claramente la ilegalidad al momento de cancelar los dineros.
Ante todas estas anomalías narradas por Díaz Camacho a la Contraloría, esta, después de analizar y evaluar lo denunciado, le dio traslado al Grupo Delegado de Vigilancia Fiscal para que adelantará los tramites respectivos.

Lo que halló la Contraloría
Como resultado de lo anterior, la Contraloría pudo corroborar los beneficiaros de los pagos realizados por el Municipio de Guaranda en el marco del contrato. El ente fiscal determinó que algunas personas no corresponderían como cesionarios del contrato.
El ente fiscal también determinó que el mismo alcalde de la época endosaba los cheques para que los cobraran personal que no tenían nada que ver con el contrato.
También halló que en el contrato se identificaron menores cantidades de obra en cuanto a la construcción de alcantarillas, faltantes de obra que suman un valor de $32.2235.413,01.
Igualmente, no se pudo evidenciar dentro del expediente del contrato soportes que permitieran ver el desarrollo del componente de mitigación ambiental, dando lugar a un faltante de obra por un valor de $13.628.161,72.
Tampoco existe soportes de la ejecución de interventoría, que fue adjudicada, según consta en el portal Colombia Compra por $53.991.453.
Así las cosas, todas estas anomalías encontradas por el ente de control, pasaron a Gerencia Departamental de la Contraloría en Sucre, a la Procuraduría Provincial de Sincelejo y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus competencias. En el caso de la Gerencia Departamental de la Contraloría ya aperturó el proceso.

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