Redacción. Jeo Martínez Herazo, representante legal de las IPS Nueva Esperanza y la Fundación Camino a la Virtud, quienes le prestaron el servicio de atención médica a pacientes con enfermedades mentales, pertenecientes a la población pobre no asegurada del departamento de Sucre, denunció ante la Fiscalía General de la Nación que teme por su vida.
Y es que Martínez le aseguró al ente investigador que el 24 de abril recibió dos llamadas a su celular, provenientes de un número privado y en el que le solicitaron que abandonara al departamento de Sucre. Además, de que no insista en la disputa que tiene contra el Departamento de Sucre.
Añade que ese mismo día, una motocicleta se le acercó a su vehículo y le desenfundó un arma de fuego, por lo que le tocó darse a la huida y esconderse en un lugar donde se pueda sentir seguro. Dice que de este hecho tiene como testigo a su padre Alcides Martínez, quien se encontraba con él en ese momento.

Asegura Jeo Martínez a la Fiscalía que le llama la atención de que la persona que lo llamó tiene acento guajiro.

Recordemos que Martínez viene hace tres años, según indicó, cobrándole a la Gobernación de Sucre los servicios médicos que le prestó a las personas con enfermedades mentales, pero asegura que el ente territorial no le ha querido pagar, pese a que, indicó hay acciones jurídicas que ordenan el mandamiento de pago. Lo anterior fue expuesto en conocimiento a la Fiscalía, además de que a raíz del no pago de esos servicios prestados y causados, como lo señala Martínez, este manifestó al ente penal que "en el último semestre he instaurado una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción entre asesores de la Gobernación de Sucre y funcionarios de la Rama Judicial, por el presunto punible de prevaricato por acción contra la magistrada Elvia Marina Acevedo González y la denuncia por la comisión de los presuntos delitos de concierto para delinquir, infidelidad a los deberes profesionales y fraude procesal contra de varios miembros del gabinete de la gobernación de Sucre y que la misma fue recibida por la Fiscalía".
Martínez aseguró que estos hechos son atribuibles a las recurrentes de denuncias que ha hecho por el no pago de los servicios prestados. Por lo tanto, dejó sentado ante la Fiscalía de que si algo le llega a ocurrir responsabiliza al gobernador Héctor Olimpo Espinosa, a la senadora Karina Espinosa, su esposo Santiago Alcalá y a Carlos Alcalá.