Por: Fernando Negrete Montes

La “reforma rural integral” del actual gobierno nacional arranca con la reestructuración de la
Agencia Nacional de Tierras, ANT, que se descentraliza desde Bogotá hacia las 32 entidades
territoriales, designando por departamento un director con autonomía presupuestal y
administrativa y la simplificación de los trámites al pasar del formulario FISO de 72 preguntas a la
solicitud de adjudicación de tierras a través del WhatsApp y del incremento de la planta de
personal en el caso de Córdoba y Sucre de 8 a 52 funcionarios.

Algunos datos entregados por el director de la ANT para Córdoba y Sucre indican que “hoy”
existen en el país 472.567 solicitudes de adjudicación de tierras y 3.563 predios ofertados para
compra, 0.67%, mientras en el departamento de Córdoba las solicitudes de adjudicación eran de
73.692, el 4.72% del nacional, y 268 predios ofertados para compra, el 0.36%, cifras que no
permiten establecer la naturaleza de los solicitantes: mujer, hombre y destinación.

Datos insuficientes también para determinar el grado de avance de adquisición y entrega de
tierras respecto de los 3 millones de hectáreas que inicialmente el ministerio de agricultura había
establecido como meta durante los 4 años del nuevo gobierno. Ahora, si el tamaño medio de las
parcelas es de 10 hectáreas, las peticiones realizadas a nivel nacional superarían la meta, no
ocurriendo así con la oferta de venta de predios que no llegan al 1% en los dos niveles de
gobierno.

Respeto a la venta de predios, se informaba que muchos se ofertaron porque sus propietarios por
la edad no están en condiciones de seguir con las actividades productivas, los hijos se radicaron
en otras ciudades y los nietos, son ciudadanos extranjeros que no tienen ningún interés en lo rural
y lo mucho que han solicitado es que se conserve la casa de “mayoría” para algún evento que se
pueda realizar en época de vacaciones.

Sobre la base de que la población rural en Córdoba es del 48% y el PIB agropecuario de 11.37%,
se hace imperativa la necesidad de la reforma rural integral, dentro de criterios de eficiencia,
equidad y transparencia, para trascender la adjudicación, volver productivos los predios y no
repetir la historia de su venta, ahora cuando solo son 7 años para enajenarlos y con el riesgo que
la ANT se convierta en una fronda burocrática, estilo entes descentralizados antes de la
Constitución de 1991.