Redacción. La Sección Quinta del Consejo de Estado le rechazó al apoderado de la senadora Ana María Castañeda Gómez, Rafael Moreno, la solicitud de control de legalidad que interpuso en la demanda de nulidad electoral que este alto tribunal le adelanta a la congresista sucreña.
Lo hizo durante la audiencia inicial del proceso. En la solicitud, Moreno alegaba que el cargo que sustentó el demandante en la demanda inicial no es el mismo de la reforma de dicha demanda. "En la demanda inicial presentó fue un presunto apoyo indebido a la candidata del Partido Liberal Karyme Cotes. Para ello el demandante aportó unas fotocopias de una propaganda pintada en la pared en el municipio de Toluviejo", dijo Moreno.
Agregó que cuando el demandante reformó la demanda ya no dijo eso, sino que apoyó a un candidato a la Cámara por el Partido Centro Democrático en el departamento de Bolívar, de nombre Adán Torres.

La audiencia inicial contra la senadora Ana María Castañeda se desarrolló de forma virtual.

Lo anterior, lo considera Moreno como un nuevo cargo. "Como nuevo cargo, para reformar la demanda debió hacerlo el demandante dentro de los 30 días subsiguientes a la notificación de la declaratoria de la elección. Como quiera que lo hizo tres meses después en el nuevo cargo operaba el fenómeno de caducidad", explicó Moreno.
Entre tanto, la Sala lo rechazó porque ya sobre ese asunto el despacho se había pronunciado en la reforma de la demanda cuando Moreno también pidió que se anulara.
Así las cosas, ya este tema será discutido dentro del resto de audiencias que vienen, entre esa la de pruebas, posteriores alegatos y la emisión de la sentencia.
Dentro de la audiencia inicial, el Consejo de Estado también decretó las pruebas que pidió la parte demandada (senadora). Estas se discutirán en la próxima audiencia, que será la de pruebas.
Entre tanto, la parte demandante le solicitó al Consejo de Estado que le solicitara un interrogatorio a la senadora Castañeda, pero esto le fue negado.
Es de anotar que el abogado Jesús Manuel Hernández Pérez instauró dicha demanda argumentando, entre otras cosas, que Castañeda durante la campaña electoral infringió las normas, en el sentido, que apoyó y recibió apoyo de candidatos a la Cámara de Representantes de diferentes partes del país, que no pertenecían a su partido político, incurriendo entonces en lo que se conoce como doble militancia.