Región. Después de un largo juicio y decena de recusaciones y solicitudes de nulidad el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena de doce años y nueve meses de prisión interpuesta a Claudia Elena Lozano Doria, quien por años se desempeñó como fiscal tras falsificar toda la documentación haciendo creer que era abogada egresada de una universidad de Montería.

Según una investigación revelada por la Revista Semana, durante trece años, entre 2000 y 2013, "Claudia Elena Lozano Doria valiéndose de una relación de amistad, tocó en septiembre de 2000 las puertas de la Fiscalía General para solicitar un trabajo como técnica judicial en la Sección Judicial de Montería, Córdoba".

Las pesquisas dan cuenta que la mujer tomó la tarjeta profesional de su mejor amiga, María Consuelo Mestre, además copió gran parte de su hoja de vida para "acreditar formación profesional y un acta de grado con el fin de lograr su nombramiento".

En muy poco tiempo fue escalando rápidamente hasta llegar a ser nombrada en doce ocasiones como fiscal local delegada ante los jueces de Barranquilla, fiscal delegada ante los jueces de Cartagena, hasta dar el gran salto de directora seccional de Fiscalía de Riohacha, La Guajira. 

Agrega el informe que "la falsa fiscal" llegó a solicitar órdenes de captura, abrir todo tipo de investigaciones, cerrar expedientes judiciales, absolver a presuntos culpables y condenar a supuestos inocentes. Uno de los casos más sonados, fue el de diciembre de 2008 cuando solicitó la captura del director seccional del DAS, Yohn Carlos Cuéllar Gómez, por presuntamente pedir 80 millones de pesos para dejar en libertad a Lady Constanza Sánchez, una mujer que era solicitada en extradición por las autoridades de Bélgica por cargos de narcotráfico.

¿Cómo la descubrieron? 

Según Semana, tras salir de la Fiscalía General intentó ingresar a la Judicatura utilizando los mismos documentos falsos para ser nombrada como juez de ejecución de penas de Valledupar. La mujer presentó la tarjeta profesional que no era suya y el diploma de una universidad en Montería, pero no contaba con que al ingresar su número de cédula al sistema se prendieron las alertas: los datos no coincidían y en la mismísima Judicatura confirmó que en el registro nacional de abogados no aparecía nadie con ese nombre. 

Fue entonces cuando la Fiscalía la vinculó a un proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado. 

De igual forma, se conoció que la falsa fiscal firmó en su momento un preacuerdo para exculpar sus pecados y lograr una rebaja de pena, pero debido al desinterés de la defensa y la procesada los llevó a sentarla en el banquillo de los acusados. 

También se supo que pese a que la defensa de Claudia Elena Lozano Doria le quiso achacar toda la responsabilidad a los funcionarios que no habían cumplido su trabajo de revisar si en efecto era abogada, la respuesta del juzgado fue tajante y ratificó la condena. 

Este al parecer, no es el primer escándalo de la falsa fiscal pues en su momento una persona la habría denunciado por haber recibido supuestamente 350 millones de pesos para devolver un cargamento de marihuana y cocaína que había incautado el DAS en Montería.