El mayor de la Policía, Cristian Betancurt Salmanca, que desempeñaba el cargo de jefe administrativo, de esta institución en Sucre, fue presentado ayer en audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Sincelejo, que le imputó los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad.
El testimonio del coronel (r) Benjamín Núñez Jaramillo, rendido a la Fiscalía sobre los hechos ocurridos aquella tarde del 25 de julio del año pasado en la intersección Sincelejo - Chochó, del sector La Garita, embaló al mayor Betacurt, pues, en el detalla, cómo presuntamente, este oficial agarra a golpes a Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras, posteriormente asesinado, presuntamente por Núñez.
Esa versión fue entregada por Núñez a la Fiscalía el pasado 5 de diciembre, luego de que el coronel (r) firmó un preacuerdo con el ente acusador, en el que como testigo se comprometió a entregar detalles de los otros oficiales y patrulleros que participaron en el triple asesinato.

El señalamiento
“Yo le decía al mayor Betancurt que ya no más, que subieran a los muchachos a la camioneta. Vi al mayor Betancurt sujetando a una persona del pecho, esa persona estaba sentada en el piso y el mayor lo golpeaba con la mano derecha y los otros policías le daban patadas y puños por todo el cuerpo. A Betancurt no le vi armas, en el chaleco tenía un radio colgado. El joven ya estaba bastante golpeado, por lo que insistí que no lo golpearan más. Cada uno (de los jóvenes) tenía 7 policías encima. Me llamó la atención el sujeto número dos que tenía un chichón en la frente, la camisa era blanca y la tenía roja de la sangre, lo vi bastante golpeado en la cara”, dijo Núñez.
Este añadió que cuando llegó al lugar de los hechos el oficial de mayor rango era el mayor Betancurt, es decir, era quien debía ordenar que pararan la golpiza que le estaban propinando a los tres jóvenes. “Él tenía el rango y mando, podía tomar decisiones y más por la violación de un derecho, porque la cadena de mando nos exige detener la violación de un derecho y el mayor Betancurt asumía como garante de la protección de los derechos humanos. Yo llegué a ese sitio como a los 15 minutos de que reportaran”, aseguró Núñez en su testimonio.

La Fiscalía pidió cárcel para el mayor Betancurt, que se encuentra laborando en Sucre desde el año 2019
Respecto a esto la Fiscalía concluyó, qué, “Cristian Betacurt tuvo por lo menos, de cinco a siete minutos donde golpeó de manera muy dura a la víctima que Benjamín Núñez mencionó como la persona número dos”, explicó el fiscal.
Las descripciones de Núñez, al referirse al ‘número dos’, corresponden a José Carlos, que llevaba una camiseta blanca y fue subido al lado derecho de la camioneta, lado en el que también montaron a Carlos Ibáñez.
Por otro lado, dentro de las pruebas aportadas por la Fiscalía en la acusación al mayor Betancurt, está el testimonio del patrullero Bernardo Pontón, adscrito en ese entonces a Policía de Infancia y Adolescencia, que hace parte de los 4 uniformados que llegaron primero al sitio y retuvieron a los tres jóvenes. Pontón en su testimonio aseguró que vio cuando el mayor se acercó a la camioneta donde subieron a los tres muchachos, se subió en una llanta y le pegó a uno de ellos en la cabeza con un objeto contundente, que presumen fue la pistola de dotación.
Otro dato que reveló la Fiscalía, es que en la minuta aparece que el día 25 Betancurt recibió tres proveedores, cada uno con 15 balas, pero dos días después, cuando entregó el arma, lo hizo sin proveedor. El ente acusador presume que pudo gastar munición en el procedimiento y no tenía como justificar en qué y cómo gastó las balas.
La Fiscalía fue más allá e indagó por las funciones de Betancurt de acuerdo a su cargo y se encontró con que lo que menos podía hacer era estar en el lugar de los hechos, pues, sus funciones eran administrativas y financieras. “Me imagino que cuando él escucho lo sucedido, por solidaridad y sentimiento policial acudió al sitio, pero el que menos tenía que estar allí era él”, afirmó Núñez.
Ante esto la Fiscalía dijo al juez, “su pretexto y solidaridad policial no se pueden pasar por alto derechos fundamentales”. La Fiscalía reprochó que de nada le sirvieron al mayor los diplomados que se registran en su hoja de vida en temas de paz y derechos humanos.
La tarde de ayer se desarrollaba la audiencia de medida de aseguramiento, pero la continuación de esta, por petición de la defensa, fue aplazada para dar inicio a las 8:30 de la mañana del próximo miércoles 8 de febrero. En ella el abogado que defiende al mayor, con argumentos y pruebas buscará contrarrestar el sustento presentado por la Fiscalía y entonces será el juez quien decida la medida a imponer.