Camilo E. Velásquez Turbay*

El salario de los congresistas

Por: Camilo E. Velásquez Turbay*Opinión2021-01-13 12:00 AMRedacción
La propuesta que se señala, es un ejercicio jurídico – político difícil de entender, sobre todo si su autor es un inteligente y curtido hombre público.

El Constituyente de 1991 dispuso que la asignación de los congresistas se reajustara cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, que deberá ser certificado por el señor Contralor General de la República, en un ejercicio matemático que, no permite ninguna variable distinta a la de calcular el promedio indicado. (art. 187 de la C.P.)

La anterior preceptiva se enmarca en el elemento más esencial del Estado de Derecho, que no es otro que el de la supremacía de la Constitución, por lo que su desconocimiento, resultaría un desconocimiento del régimen político, social y económico dispuesto en esa expresión suprema de la legalidad.

Es cierto que con frecuencia existen interpretaciones de la Constitución Política orientadas a satisfacer tendencias de opinión, tan variables o más, que las ideas espontáneas de los asociados, cuya respetabilidad, siempre está en primer lugar.

En gracia del respeto podríamos decir que son admisibles en un sistema democrático, que garantiza la libertad de expresión. Todo sin olvidar que, conciliar los puntos de vista particulares sobre los contenidos de la Constitución implica un ejercicio interpretativo que solamente está, en nuestra Carta Política, reservado a la Corte Constitucional y en algunos casos, al Consejo de Estado.

Ha dicho en forma reiterada, la Corte Constitucional que sus interpretaciones de la Norma de Normas prevalecen sobre las interpretaciones de las demás autoridades del Estado y, la doctrina, siempre ha entendido que la sociedad debe quedar sometida a los mismos contenidos jurisprudenciales.

En este contexto resumido, nos es permitido hacer referencia a un elemento básico de la hermenéutica jurídica de acuerdo con el cual la Constitución es el totalitarismo de la ley, aún en estos tiempos en los que pareciera abrirse paso, como en los momentos más críticos de constitucionalismo moderno, me refiero a los primeros 45 años del siglo XX, en los que parecía que las democracias liberales, se encontraban desbordadas por una realidad, que a la postre vino a ser superada, con un éxito rotundo contra las que por ese entonces formas totalitarias de gobierno (llamados hoy populismos de derecha y de izquierda), que se ensayaron en ese período, con desprecio del valioso contenido político de las Constituciones, de amarga recordación para el espíritu humano, y que aún hoy en algunas de sus modalidades, con apariencia humanística, se comprometen a desconocerlo.

Peligroso camino el de los inocentes críticos y qué decir de los que lo recorren de manera interesada.

Sin entrar en un análisis de contenido, si quisiéramos proponer una reforma constitucional sobre un precepto de la carta política invocando las posibilidades del poder constituyente, bien como titular de una autoridad pública o como simple ciudadano, las propuestas no se ubicarían en el borde de alterar la democracia, y serían una expresión de respeto a la misma; pero, proponer, que el jefe del Estado, desconozca la Constitución, violando su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes, es una propuesta inexplicable.

Menos aún si se acude para ello a invocar una ley que no dice lo que pretende el intérprete: que, puede el Presidente desconocer el derecho adquirido de rango Constitucional para los elegidos al Congreso de la República, esto, como lo ha expresado la Honorable Corte Constitucional en su interpretación de la ley 4 de 1992, al llegar a la conclusión de autorizar al ejecutivo para que aumente el salario de unos funcionarios del Estado.

La propuesta que se señala, es un ejercicio jurídico – político difícil de entender, sobre todo si su autor es un inteligente y curtido hombre público.

*Director Extensión Bogotá – Unisinú

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