Por Liliana Bitar Castilla

La grave problemática en la subregión de la Mojana deja al menos 150.000 damnificados, familias enteras que están a la deriva esperando respuestas rápidas a sus clamores. Estas soluciones deben ser inmediatas frente a la nueva temporada de lluvias que se avecina, pero también deben ser a largo plazo con medidas estructurales, pensadas por el Gobierno Nacional, como el desvío del río Cauca por el canal de La Esperanza.

Todavía muchos colombianos recordamos el desastre en la Mojana en el año 2010 cuando se inundaron seis municipios de Sucre, afectando a más de 100.000 personas e inundando casi 25.000 hectáreas de terreno cultivado. En agosto de 2021 una nueva creciente rompió el dique del río Cauca en el sector Cara de Gato. Luego, en abril de 2022, se invirtió en una obra que habría costado $20.898 millones en un intento por cerrar el boquete, pero el río se llevó tanto el intento como la inversión.

El año pasado en Ayapel, Córdoba, colapsaron tres puentes tras los desbordamientos de arroyos, dejando incomunicado al municipio. Hoy, de nuevo, se encienden las alarmas en la subregión pues los niveles de agua empiezan a subir y en pocos días inicia la temporada de lluvias.

Es urgente que se tomen medidas para mitigar los riesgos ante la inminente inundación que se avecina. Líderes del 'Pacto por La Mojana' han insistido en cerrar con sacos el sector Cara de Gato con apoyo de la Gobernación de Sucre y empresarios de la región. Esta es una solución a corto plazo que debe ser atendida para evitar que los habitantes nuevamente sufran las consecuencias.

Sin embargo, respaldo la decisión del Gobierno y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) de buscar una solución mucho más estructural, la cual consiste en desviar controladamente el río Cauca, ampliando el canal de La Esperanza y construir uno nuevo con el fin de disminuir la entrada de agua por el boquete en un 80%.

Muchos de los habitantes piden que se les escuche en la búsqueda de soluciones para que no se sigan cometiendo los mismos errores que por años se han repetido. Incluso, algunos líderes del sector han anunciado un paro para el primero de abril si no se aceleran las obras.

Mi clamor, como senadora y cordobesa, es que el Gobierno acelere las obras de mitigación y paralelamente desarrolle su plan estructural, toda vez que una cosa no interfiere con la otra. En esta grave problemática, las familias exigen medidas rápidas y drásticas. No se puede perder un minuto más.