25 de septiembre de 2022 - 1:00 AM

‘No está funcionando bien la prevención del daño antijurídico’

‘No está funcionando bien la prevención del daño antijurídico’

Redacción. En los últimos años el número de demandas y sentencias condenatorias contra las entidades territoriales es cada vez mayor. Para abordar este tema, que perjudica a varios sectores , El Meridiano dialogó con el abogado Dairo Pérez Méndez, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del Estado, que partió el tema desde lo general, para luego aterrizarlo en lo local.


¿Por qué tantas demandas contra las entidades territoriales?
Estas surgen con ocasión de la acción, omisión o abuso de autoridad de los agentes estatales, entiéndase por éstos los servidores públicos, pero también pueden ser responsables por solidaridad por daños causados por terceros que normalmente son contratistas del Estado. Las entidades estatales tienen varias formas de manifestarse: los actos administrativos, los hechos administrativos, las omisiones, las vías de hecho o abusos administrativos, y los contratos estatales. De todas ellas, potencialmente, pueden surgir situaciones generadoras de daños a terceros y, por ende, de responsabilidad patrimonial, es decir, dinerarias a las entidades territoriales. El artículo 6º de la Constitución consagra que los particulares son responsables por infringir la Constitución y la Ley. También lo son los servidores públicos por la misma causa, pero también por omisiones o extralimitaciones en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el artículo 90 de la Constitución consagra que el Estado será responsable por los daños antijurídicos causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma es el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado por daños antijurídicos de naturaleza extracontractual, contractual y precontractual, causados por agentes del Estado o atribuibles a él por su posición de garante, tal como lo ha considerado la misma Corte Constitucional en la sentencia C-333 de 1996. Igual es la posición del Consejo de Estado, como máxima autoridad de la jurisdicción contenciosa administrativa. Conforme lo anterior, podemos decir entonces, que lo que hoy existe es un sistema normativo que protege a las personas de cualquier daño antijurídico que cause el Estado a las personas de manera individual o colectiva.


¿Cuáles son las causas más comunes de tantas demandas en contra de las entidades estatales, especialmente de las territoriales?
Son muchas las causas, pero las más comunes son: actos administrativos viciados de nulidad: de carácter Laboral, de carácter precontractual o contractual, actos sancionatorios administrativos, entre otros. Así como los contratos estatales incumplidos por las entidades estatales: que son generadores de perjuicios patrimoniales a los contratistas o a terceros. También las acciones u omisiones generadoras de responsabilidad extracontractual fruto de claros abusos de autoridad o extralimitación de sus funciones.


¿Qué hacer para evitar o minimizar las demandas contra las entidades territoriales?
Que los servidores públicos actúen ajustados a la legalidad, es decir, a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, inclusive a los tratados internacionales aplicables en Colombia; no actuar de manera abusiva u omisiva, limitándose a lo que les permite el ordenamiento legal de nuestro país; actuar de manera ética y transparente en el ejercicio de sus funciones. También identificar las causas más comunes de daños antijurídicos en sus entidades para adoptar medidas efectivas que impidan o minimicen su ocurrencia. Por ejemplo: evitar la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión celebrados con personas naturales, donde se les exige subordinación, es decir, que cumplan horarios, situación que a la postre resulta siendo una típica relación laboral ordinaria y da lugar al pago de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social. Realizar desvinculación de empleados en provisionalidad, sin justificación legal alguna, o el retiro de empleados a los que no se les paga de manera oportuna sus prestaciones sociales, situaciones que terminan siendo muy graves y cuyas condenas muchas veces implican altas sumas de dinero a favor de los demandantes. De igual forma adelantar procesos precontractuales ajustados a la legalidad; ejercer un control efectivo sobre la ejecución de los contratos para que se ejecuten de la mejor manera posible y ejercer buenas prácticas administrativas que minimicen la posibilidad de situaciones generadoras de responsabilidad extracontractual o contractual.


Usted ha venido manejando casos de este tipo en Sincelejo, entonces ¿cómo funciona la prevención del daño antijurídico para el Municipio?
Conozco bastante de cerca esta entidad territorial. En los últimos años ha mejorado de manera sustancial la defensa jurídica del Municipio, hasta el punto que en los últimos cinco años ha tenido sentencias a su favor donde se ha ahorrado más de cincuenta mil millones de pesos.


¿Creo que ese punto se debe resaltar?
Sí, porque resulta muy importante para sus finanzas y para su normal funcionamiento.


¿Usted cree que aún falta mejorar más esa prevención del daño?
Si. Todavía hay algunas prácticas que no están acordes con la política de prevención del daño antijurídico, por ejemplo, no atender de manera oportuna o de fondo situaciones de inconvenientes que se presentan en la ejecución de contratos de obras, lo cual muchas veces termina con incumplimientos de los contratos o con demandas en contra de la entidad con altas pretensiones económicas.


¿Qué sentencias puede usted destacar donde el Municipio de Sincelejo se haya ahorrado un alta suma de dinero?
Una de las más recientes fue la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, donde el demandante era la sociedad Electro atlántico Ltda en contra del Municipio de Sincelejo. Allí las pretensiones eran de un poco más de treinta mil millones, afortunadamente la defensa de la entidad territorial fue idónea y logró que la sentencia fuera a favor del Municipio.
En conclusión, ¿los municipios tienen la obligación de ejercer una defensa jurídica con personal idóneo?
Si, claro, los municipios tienen la obligación, no solo de ejercer una defensa jurídica con profesionales idóneos, sino también minimizar o evitar las malas prácticas que dan lugar a la ocurrencia de daños antijurídicos. Mientras eso no ocurra seguiremos teniendo un alto número de demandas en contra de ellos y sentencias condenatorias con altas sumas de dinero que en ultimas afectaran su normal funcionamiento y la prestación de servicios a su cargo, siendo la más afectada la población residente en los mismos, ya que con sus recursos pagan las sentencias condenatorias y se les priva de obras que satisfagan sus necesidades, que son muchas.


Hay municipios que han pagado altas sumas de demandas por cualquier error, pero parece que la lección no les sirve y vuelven a incurrir en lo mismo. ¿Usted cree que esto se convirtió en un circulo vicioso?
Es un círculo vicioso. Hoy muchos municipios, incluso el departamento de Sucre, están en procesos de reestructuración de pasivos, a los que llegaron por el mal manejo de los recursos y por altas condenas derivadas de sentencias judiciales que hacían inviable su normal funcionamiento, pero vemos que las que han terminado estos procesos de restructuración de pasivos, tienen un alto porcentaje de condenas judiciales en su contra u deben altas sumas de dinero, en otras, la lección no fue aprendida. Urge tomar medidas de prevención del daño antijurídico en las entidades territoriales y en las descentralizadas, para evitar llegar a situaciones de inviabilidad financiera, ya que en últimas la más afectada son las personas de nuestros municipios. Finalmente no está funcionando la prevención del daño antijurídico en las entidades territoriales.

1 Comments

  • Hasta tanto sean las Entidades (no pensantes) quienes asuman los altos costos de las equivocadas decisiones de sus directivos (pensantes), las cosas seguirán igual, en detrimento de las comunidades y posible beneficio de los pensantes (demandantes y demandados); se ha vuelto un negocio. Hay que castigar a quien toma la decisión, no a la Entidad.

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