Redacción. Elkin Ramírez Zuluaga, Régulo Arroyo, Hernando Mercado Olivera y Leonardo Pérez Jiménez son cuatro de las 12 personas que la Fiscalía 18 Seccional de Descongestión de Sucre les imputó el delito de abuso de confianza calificado.
A estas personas la Fiscalía les abrió una investigación por anomalías en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés rural en el municipio de Betulia, cuyo objetivo no se cumplió a cabalidad, pues las casas, que eran 226, quedaron inconclusas y las pocas que alcanzaron a construir las dejaron a medias.
Estas se construirían en los corregimientos de Albania, Villa López y Sabaneta. La ejecución comenzó hace seis años.
Los hechos, que fueron presentados ante la Fiscalía por el entonces personero de Betulia Ismael Ortega Pájaro, indican que en dicho contrato hubo un incumplimiento de parte de la firma Asociación Promotora para el Desarrollo Social Económico y Ambiental de la Costa Caribe (Asoproagros).

Ninguno de los cuatro aceptó el delito endilgado por la Fiscalía General de la Nación.

Para el caso de Elkin Ramírez, dijo la Fiscalía, recibió recursos de la ejecución del contrato y sin ser socio de la entidad recibió rédito (Cantidad de dinero que produce periódicamente un capital) de los recursos que fueron girados a las cuentas del proyecto.
Para el caso de Régulo Arroyo, quien era representante suplente de la Constructora V&G SAS recibió dineros vía cesión de crédito.
Entre tanto, Hernando Mercado, dice la Fiscalía que se prestó para ser el liquidador de la constructora en mención y así desaparecerla y evitar las acciones por el incumplimiento y culminar con la apropiación de los recursos.
Por su parte Leonardo Pérez, quien era el interventor, con su omisión contribuyó al uso indebido de los recursos de ese contrato y la no terminación de las viviendas.
De las casas que no se alcanzaron a construir solo quedaron las bases y las varillas. No hay paredes ni puertas y mucho menos ventanas.
El contrato de viviendas lo suscribió el 30 de marzo de 2015 el Banco Agrario con Asoproagros por más de 3 mil 600 millones de pesos. Esta asociación a su vez contrató a la firma V&H para que construyera las viviendas.