Por: Bibiana María Guerra de los Ríos.

Desde la llegada de las plataformas tecnológicas de transporte hace un par de años a Colombia, el debate no ha cesado. Aunque la situación es similar en muchos países alrededor del mundo, pareciera que en el país la discusión ha ido más lenta sin tener en cuenta el contexto propio de la movilidad nacional y al mismo usuario. Esta semana, la noticia de prohibir las aplicaciones y multar a conductores y usuarios por $10 millones de pesos por el uso de las aplicaciones ha encendido el debate nuevamente.

El primer obstáculo con que se encontraron estas aplicaciones de movilidad fue el gremio de taxistas, liderado por unos pocos que controlan ese negocio privado en Colombia. Para ellos, es un exabrupto que unos carros particulares hayan llenado las calles sin cumplir con los requisitos exigidos para ellos. Según las cifras, es 119% más caro ser taxista que manejar un carro que presta el servicio de transporte en las aplicaciones de movilidad. Pero también es cierto que la acogida de las aplicaciones se ha dado por factores cruciales como el confort, la limpieza, la flota moderna, el conocimiento previo del precio de la carrera y la seguridad de la prestación. Además, es una opción que ha dado trabajo a más de 100 mil personas.

Otra barrera ha sido el tema normativo y legal. Si bien las aplicaciones no son ilegales, el tema es que no están reguladas, al igual que otros sectores de la economía colaborativa, donde la innovación y la tecnología son su principal ingrediente y para los cuales el país no estaba preparado. Aunque el Congreso ha intentado legislar la economía digital en no pocas ocasiones, no se ha podido llegar a buen término.

Todos tienen que poner de su parte; si los taxistas quieren seguir ofreciendo su servicio, deben mejorar su flota y su calidad, o es que acaso quién estuvo exento de la típica pregunta, “¿A dónde va? Allá no lo llevo”. O de los taxímetros dañados y del costo subjetivo de las carreras. Por el lado de las aplicaciones, el reto está también en materia de seguridad y los controles, tanto técnicos como personales, a los conductores. Adicionalmente, un tema que ha estado en la mira es la seguridad social, pues en este tipo de plataformas digitales las relaciones laborales no son claras y, por ende, hay costos que no se saben en quién recaen poniendo en riesgo a los trabajadores.

La conclusión es que estamos grave en materia de movilidad y el rifirrafe entre el gobierno nacional y el de Bogotá no ayuda para nada. Sin una buena red de transporte público es inviable que, masivamente, nos bajemos del carro a coger bus o taxi. Puedo asegurar que muchos seguirán usando el carro particular y las aplicaciones, aunque reconozco que la bicicleta se ha convertido en un buen sustituto para muchos.

Colombia debe avanzar y adaptarse a la realidad y a las necesidades del mercado. Los usuarios queremos un mejor servicio, queremos transportarnos con seguridad, comodidad y calidad, y la única forma es poner a hablar a todos los actores y, sobre todo, crear un marco jurídico que no prohíba sino que regule. En una economía de libre mercado como la nuestra hay espacio para todos, precisamente la competencia es una de sus características y el reto es poder convivir y operar en equilibrio, con reglas claras. ¡De esa forma, tener más opciones es mejor para todos!