Una grave denuncia y un proceso de investigación de la Fiscalía General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional se adelanta en el departamento de Córdoba, esta vez por cuenta de la desaparición de 78 vehículos de un parqueadero judicial, a donde eran llevados por presentar procesos de embargos o secuestrados por entidades bancarias en medio de procesos judiciales.

El hecho fue confirmado por el director ejecutivo seccional de administración judicial de Montería, Alfonso de la Espriella Burgos, quien le dijo a El Meridiano que el caso se empezó a investigar desde el pasado mes de octubre.

"Es un parqueadero particular, pero que escoge la rama judicial a través de una convocatoria, en ese entonces se adjudicó a Sucre Sinú, cuando llegamos a investigar adujeron que ese era un negocio malo que no les estaba dando ninguna rentabilidad y ello se lo vendieron a otras personas. Pero nunca nos avisaron, no autorizamos, pues no lo podíamos hacer hasta que no verificáramos que al parqueadero que iba a ser trasladado cumpliera con las condiciones requeridas", aseguró De la Espriella Burgos.

Los carros desaparecidos están avaluados en unos 3 mil millones de pesos, y que hoy nadie sabe dónde están, ni quién se los llevó.

Agregó que la situación se alertó por unas visitas que realizaron y empezaron a darse cuenta que habían unos vehículos que estaban faltando y posteriormente, también llegó la información de que alguien fue a buscar su carro y no lo había encontrado. Y es que uno de los afectados denunció que llegó al sitio en diciembre pasado a buscar su carro y un vigilante le informó que la administración estaba de vacaciones y volverían en enero.

"El día 16 de enero, se dirigieron nuevamente al parqueadero y el lote estaba desocupado, no había nadie en el lugar y los teléfonos apagados" se lee en la denuncia.

El parqueadero, que está ubicado en el corregimiento Mateo Gómez tenía un anuncio que solo decía administramos jurídicos, "no sabíamos de la existencia de ese parqueadero, cuando hicimos la visita a ese lugar la persona que fue no la dejaron entrar, nos sacaban con amenazas, nos braveaban y después recibimos amenazas de una llamada al celular del empleado que fue a realizar la visita y también al celular mío. Las denuncias se realizaron desde el año pasado y a la fecha estamos acompañando el proceso", señaló el funcionario.

Y agregó que "se cae de su peso, debe responder quien los recibió, ya que es en poder de ellos que presuntamente fueron objeto de hurto".