Por: Francisco Cuello Duarte

En toda democracia seria se garantiza la existencia y actuación de los partidos políticos que sirven de motor del desarrollo para los fines del Estado con el propósito de mantener el equilibrio de los poderes en la tridivisión clásica, a que hace referencia Montesquieu en su famosa obra El espíritu de las leyes, pues para que un país funcione requiere que esté construido sobre estos pilares: ejecutivo, legislativo y el judicial. En efecto, como dice Sartori, los partidos políticos son los instrumentos para que el pueblo exprese sus deseos. Aquí en Colombia, los partidos políticos están desde el comienzo de la República. Su organización está reglamentada por el artículo 107 de la Carta Política, en armonía con lo establecido por el artículo 40 superior, que garantiza al ciudadano el derecho de elegir y ser elegido, tomar parte en los mecanismos de participación democrática, revocar mandatos y de acceder a cargos públicos, entre otros.

En este año electoral los partidos políticos tienen una importancia relevante en cuanto al otorgamiento de los avales, para la inscripción de los candidatos, según lo dispone el artículo 108 de la Constitución Política, concordante con el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, así como su actuación legislativa en el Congreso de la República en defensa de los intereses del pueblo colombiano donde sus integrantes deben actuar en bancadas según lo establece la Ley 974 de 2005, siguiendo las instrucciones de sus respectivos estatutos.

Sin embargo, en este espacio del hombre digital, como lo llama el filósofo Han Byun Chul, los partidos políticos sufren el descrédito de la comunidad por sus antecedentes poco transparente en medio de una crisis de valores que flota sobre una mermelada tóxica que carcome su credibilidad política.

De ahí que en muchos municipios se vive una verdadera explosión de recolección de firmas, unos para evadir las normas sobre propaganda electoral, y los otros para sacarle el cuerpo al escurridizo aval que curiosamente se pone escaso y muy difícil de acceder en esta época preelectoral, que a partir de junio 29 se convierte en un mes de pasión y de tortura para miles de aspirantes a los cargos públicos territoriales, sin que el Consejo Nacional Electoral dicte directrices sanas al respecto.

Mientras los candidatos lloran, los partidos políticos facturan.